Este martes, durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard recordó que México tiene un abanico de acuerdos para acceder a diversas vacunas para el SARS-CoV-2 tan pronto como estén disponibles.
Desde hace algunas semanas, el canciller ha dicho en varias ocasiones que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene dos obligaciones principales frente a la pandemia. La primera es procurar la protección y regreso de connacionales en el extranjero y la segunda es coordinar las negociaciones para obtener acceso oportuno a una vacuna contra el coronavirus.
Para cumplir con esta encomienda, la cancillería ha perseguido cuatro estrategias. México accedió a la plataforma Covax de la Alianza para las Vacunas (conocida como Gavi), negoció acuerdos de compraventa con distintas farmacéuticas, coordinó el plan para producir la vacuna de AstraZeneca entre Fundación Slim, Laboratorios Liomont y mAbxience en Argentina, y acordó varios memorándums de entendimiento para realizar Fases III de pruebas clínicas con ciudadanos del país a cambio de acceso prioritario a las vacunas relacionadas. En total, el país espera acceder a vacunas suficientes para inmunizar a 100 millones de personas.
El último enfoque tiene que ver con el proceso para el desarrollo de las vacunas. La Fase III o fase de pruebas de eficacia consiste en aplicar la inmunización a decenas de miles de personas. Para la vacuna de Covid-19, las farmacéuticas tienen contemplado integrar entre 30 mil y 60 mil personas al protocolo, la mitad recibe la vacuna y la otra mitad, el grupo de control, recibe un placebo.
El proceso sólo termina cuando un número predeterminado de personas en ambos grupos comienza a manifestar síntomas y recibe una confirmación de contagio. Entonces, los investigadores de la empresa analizan los resultados. Con la vacuna para el SARS-CoV-2, el objetivo es que el grupo de control tenga un mínimo de 50 por ciento más infectados que el grupo vacunado. De ser así, la farmacéutica puede aplicar para una evaluación de la autoridad regulatoria. En el caso de México la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios está encargada de aprobar o rechazar el proyecto.
Las compañías con las que el gobierno federal tiene memorándums de entendimiento son Johnson & Johnson (a través de su laboratorio de vacunas Janssen), el Instituto Gamaleya del gobierno de Rusia con la vacuna Sputnik V, la empresa del gobierno chino CanSino Bio, la empresa norteamericana Novarax, la alemana Curevac, la francesa Sanofi-Pasteur y la italiana ReiThera.
Este lunes, Janssen anunció que suspenderá todas sus pruebas de Fase III porque un participante manifestó síntomas de una “enfermedad desconocida”. Como fue el caso de AstraZeneca en septiembre, la empresa de Estados Unidos no podrá reanudar sus protocolos hasta que descubran la causa del malestar.
Por otra parte, en videollamada durante la conferencia mañanera, el director ejecutivo de CanSino, Xuefeng Yu, anunció que el despliegue de su vacuna en México comenzará en diciembre. El anuncio habló del producto, no de las pruebas. Para éstas no hay información detallada.
Fue en junio cuando el canciller anunció el primer memorándum de este tipo. La instrucción entonces fue la misma que ahora: la Secretaría de Salud y Cofepris serán las entidades encargadas de los detalles pertinentes para las pruebas con ciudadanos en México. Casi 4 meses después del anuncio del acuerdo con Sanofi Pasteur, la dependencia de Jorge Alcocer no ha dado mayor información sobre el tema. Las farmacéuticas están al pendiente de su determinación.
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