En mayo de este año se publicó un Acuerdo bajo el cual, la Presidencia de la República decretaba la participación de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024; sin embargo, el colectivo Seguridad sin Guerra solicitó a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar su constitucionalidad.
La determinación de esta iniciativa integrada por más de 300 organizaciones y ciudadanos se tomó después de que la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien llegó a la SCJN propuesta por el actual gobierno, motivara un proyecto para desechar el análisis del Acuerdo, el cual había sido planteado por la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas.
Cabe mencionar que la controversia presentada por Laura Rojas en junio, había sido admitida por la ministra Margarita Ríos Farjat, aun cuando el Ejecutivo Federal había mencionado que ella no tenía las facultades para promover dicha revisión.
Sin embargo, Rojas recurrió al artículo 233 del reglamento de la Cámara de Diputados, el cual menciona que la presidenta directiva puede “presentar demanda de controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los intereses de ésta, aun en los periodos de receso”.
La propuesta realizada por parte de Esquivel Mossa, de acuerdo con información del diario El Universal, fue criticada por parte del colectivo en contra de la militarización, debido a que iría acorde con un recurso de reclamación presentado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, con el fin de desechar la misma controversia constitucional.
Desde la perspectiva de la sociedad civil, el proyecto de la ministra Esquivel podría generar un conflicto de interés, pues buscaría darle la razón al consejo jurídico, lo cual impediría que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “estudie el fondo de la controversia y resuelva sobre la constitucionalidad del acuerdo militarista”.
Seguridad sin Guerra también denunció el hecho de que, “de forma sorpresiva”, el planteamiento de la ministra fuera enlistado para su votación en la Segunda Sala, aprovechando “la tensión generada por el inminente revés que la Corte daría a la propuesta de consulta popular del presidente”.
Fue por ello que pidieron a la SCJN votar en contra de la iniciativa de Esquivel Mossa este 30 de septiembre: “La constitucionalidad del acuerdo militarista del presidente debe ser estudiada y resulta para garantizar la seguridad jurídica y definir los límites del actuar militar”.
Esta no es la primera ocasión en que las organización de la sociedad civil se oponen a la militarización de las tareas de seguridad pública. En julio presentaron presentaron una serie de amparos frente al Poder Judicial de la Federación (PJF) para exigir la derogación del acuerdo, pues denunciaban que las Fuerzas Armadas en estas labores era una estrategia que había agravado la violencia en el país.
“La militarización debilita la labor de organizaciones civiles y dificulta el acceso de las víctimas al derecho de una defensa y a la justicia”, dieron a conocer a través de un posicionamiento.
En dicho documento también se realizó un llamado al PJF para revaluar los protocolos de revisión legislativa ya que las demandas que presentó el colectivo de forma digital durante la etapa más álgida de la pandemia de COVID-19, fueron “desechadas bajo argumentos formalistas”. En un contexto internacional que exigía la distancia social, señalaron, este rechazo representaba un obstáculo para la participación social.
El acuerdo militarista que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en mayo pretende que las instituciones militares auxilien a la Guardia Nacional en sus primeros cinco años, no obstante, el texto carece de información suficiente para determinar las limitaciones que regulen a las Fuerzas Armadas.
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