Cinco hombres cercanos a Gerardo Sosa Castelán, ex presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), actualmente preso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, figuran como propietarios de terrenos y avecindados en la exclusiva región vitivinícola del Valle de Guadalupe, en Baja California.
Desde el 16 de diciembre de 2018, el representante legal del ex rector comenzó las gestiones ante la Asamblea ejidal para que su hijo Gerardo Sosa Cravioto, asesinado en febrero de 2019, y el grupo cercano al ex priista obtuvieran un estatus de “avecindados” en el ejido Zapata-Francisco Zarco, al norte de Valle de Guadalupe, mismo que colinda con el viñedo de Luis Alberto Cetto (L.A. Cetto), quien pese a estar dispuesto a pagar sumas millonarias por el mismo predio, se decidió entregarlo a la UAEH.
Es una privilegiada zona en la Ruta del Vino, con alta plusvalía, sobre el kilómetro 70 de la carretera Tecate-Ensenada, donde se localizan las empresas vitivinícolas LA Cetto, Casa Pedro Domecq, Bruma y La Reyna.
Siempre permeó la opacidad sobre dicha donación por parte de la UAEH: la institución no lanzó un comunicado oficial sobre la donación, el predio no forma parte de la infraestructura universitaria, no hay un responsable de su administración en directorio e incluso no figura el convenio con la UABC; oficialmente pues, no pertenece a la UAEH.
Fue hasta el 2 de julio de 2015, cuando la UABC y la UAEH protocolizaron un convenio de colaboración general para llevar a cabo labores de investigación, docencia, colaboración académica, desarrollo profesional, difusión de actividades culturales, artísticas, deportivas, sociales y de prestación de servicio social.
La lista de propietarios de tierras ejidales ante el Registro Agrario Nacional (RAN) incluyen a Daniel Alberto Sánchez Cabrera, director de la Preparatoria Número Uno de la UAEH, con dos certificados parcelarios; Marco Antonio Ortiz Salas, secretario general de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, asociación civil (Coduc), con cuatro; Francisco Segoviano Trujillo, secretario de esa asociación, y Héctor Lara Soria, ex funcionario federal de Baja California, con un documento cada uno.
Posterior a la firma de este convenio, la institución facilitó otra aula para que el entonces rector de la UAEH, Humberto Augusto Veras Godoy, acompañado de Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato Universitario, firmaran ante fedatario público la donación de un terreno de 50 hectáreas, con la intención de instalar un Centro de Investigación Enológico, el cual recibiría una inversión de 300 millones de pesos, además de aportar el expertise de la institución hidalguense.
Sosa Castelán fue vinculado este domingo a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada.
Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, decretó prisión preventiva oficiosa contra Sosa Castelán y tres involucrados más tras una audiencia que duró 12 horas y que concluyó a las 03:00 horas de este domingo.
La imputación que les formuló la FGR se centra en la desviación de más de 58 millones de pesos de la UAEH y otras instancias públicas y privadas, que fueron a parar a Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C., una e las empresas fantasma con las que el también ex rector de la universidad triangulaba recursos públicos.
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