La inestabilidad del mercado laboral, reducción de sueldos y pérdida de empleos a partir de la pandemia de COVID-19 ha dificultado a muchos inquilinos pagar la renta. A pesar de que han pasado cerca de cinco meses tras el inicio del confinamiento social y la parálisis económica en México, expertos afirman que la emergencia inquilinaria apenas comienza.
Si bien en los últimos meses hubo desalojos en el sector informal del arrendamiento, es apenas en agosto, con la reapertura del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, cuando se espera una oleada de desalojos en las próximas semanas y meses, señaló el investigador Antonio Azuela de la Cueva de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Si bien es necesario replantear el régimen inquilinario, las medidas para paliar la crisis que enfrentan los inquilinos de la Ciudad de México deben ser de corte económico y mediante un esfuerzo fiscal, consideró el doctor en sociología y maestro en derecho durante el foro: “Jornadas sobre la cuestión inquilinaria: el debate internacional y nacional sobre el derecho a la vivienda en el marco del COVID-19 y la post-pandemia”, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
“El principal instrumento de intervención tiene que ser endeudar al Estado, pero esto no quiere decir que el instrumento jurídico sea prescindible. Hay que pensar también a largo plazo en el régimen inquilinario, tenemos que tener la imaginación para redefinir la relación reconociendo que es una relación de mercado, reconociendo los derechos del propietario, reconociendo que algunos propietarios arrendadores pueden tener una condición de vulnerabilidad”, indicó.
La diputada del Congreso de la Ciudad de México, Valentina Batres Guadarrama, señaló que el número de desalojos en la capital aumentó de forma considerable durante la pandemia: se estima que más del 10% de los arrendatarios en la ciudad fueron o serán desalojados y que un 61% de las personas arrendatarias no podrá pagar la renta en los próximos meses.
Batres Guadarrama explicó que existen dos importante iniciativas para paliar los problemas de arrendamiento, por un lado la propuesta ciudadana que se presentó para reformar el código civil y, por otro lado, un programa que próximamente presentará la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en el que con ayuda del gobierno federal y de cámaras empresariales se establecerán mecanismos para ayudar en el pago de rentas y evitar desalojos .
Otras alternativas que se deben explorar, afirmó, son la posibilidad de establecer moratorias en los desalojos por incumplimiento de pago de renta e hipoteca, así como en los desalojos de asentamientos irregulares, aplazamiento de pagos, suspensión de cargos por servicios públicos y la creación de un fondo de emergencia para este problema en particular.
En la Ciudad de México, el 25% de las viviendas está en alquiler, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sin embargo, los inquilinos han dejado de ser actores políticos activos en los movimiento urbanos, pues la regularización de asentamientos irregulares y las políticas públicas de construcción de vivienda en masa en las periferias de la ciudad aumentaron el número de propietarios, explicó la académica Rosalba González Loyde de la UNAM.
En el contexto de la pandemia se agudizaron problemas preexistentes como el encarecimiento de rentas, la complejidad de los procesos de arrendamiento y la incertidumbre de los propietarios por inquilinos morosos. Además, existe poca claridad estadística acerca de fenómenos como la renta entre roomies y el arrendamiento turístico en la capital, consideró la académica.
Azuela de la Cueva indicó que existen controversias en materia jurídica entre las tesis de jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen la propiedad privada como un derecho fundamental, y el artículo 27 constitucional, que determina que se trata de un derecho derivado de la propiedad nacional.
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