Las cuatro formas en las que ex jefes de la policía habrían ayudado al Chapo Guzmán

Dos ex altos mandos de la policía federal, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, dos de los colaboradores más cercanos del ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fueron acusados en Estados Unidos de recibir sobornos millonarios por parte del Cártel del Pacífico.

Fiscales estadounidenses declararon este jueves que Palomino y Ramón Pequeño, éste último contra un gran jurado federal presentó las acusaciones, permitieron a la organización criminal liderada por Joaquín El Chapo Guzmán operar con impunidad en México durante años.

Genaro García Luna fue arrestado en diciembre de 2019 y se encuentra en una cárcel del estado de Nueva York esperando su juicio. Se le acusa de los delitos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína, lavado de dinero, y de falso testimonio. Este jueves se le agregó el cargo de participar en una empresa criminal. Los fiscales estadounidenses afirmaron que Cárdenas Palomino y Pequeño no han sido arrestados.

Las autoridades estadounidenses también abundaron en los beneficios otorgados a la asociación criminal dirigida por Guzmán Loera por los sobornos recibidos y acusaron cuatro conductas ilícitas en detrimento de la seguridad y salud pública.

1.- Aceptar no interferir con él en los envíos de drogas del Cártel de Sinaloa en México, que generalmente consistían en cantidades de narcóticos de varias toneladas y la gran mayoría de los cuales estaban destinados a los Estados Unidos.

2.- Proporcionar acceso a información confidencial de las fuerzas del orden sobre las operaciones de aplicación de la ley contra el Cártel de Sinaloa.

3.- Dirigirse a los miembros de cárteles rivales para su arresto, en lugar de los miembros del Cártel de Sinaloa, y proporcionar información confidencial sobre el cumplimiento de la ley sobre los miembros de cárteles rivales.

4.- Colocar a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder en ciertas áreas de México controladas por el Cártel de Sinaloa.

No fue la única manera: de acuerdo con la periodista Anabel Hernández, Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo (hijo de Ismael El Mayo Zambada, considerado como el líder del Cártel de Sinaloa), le reveló la forma en la que operaba la Policía Federal, que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular era García Luna.

Según lo relatado por El Vicentillo y que quedó plasmado en el libro “El Traidor”, Genaro García Luna convirtió a muchos de los policías federales en gatilleros al servicio de El Mayo y El Chapo. Pero también comenzaron a comprarles droga, por lo que los uniformados se convirtieron en traficantes e incluso secuestradores.

Las acusaciones señalaban al equipo más cercano del llamado “Súper Policía”: Luis Cárdenas Palomino, quien fue titular de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF); Facundo Rosas ex comisionado de la PF; Armando Espinosa de Benito, ex jefe de la División de Investigación de la Policía Federal; así como Ramón Pequeño García, ex jefe de Inteligencia de la misma corporación.

En noviembre de 2018, casi a la par del juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en una corte de Nueva York, se llevó a cabo otro proceso judicial, pero en la Corte de Distrito Norte de Chicago, Illinois.

Ahí se procesaba al ex comandante de la Policía Federal, Iván Reyes Arzate, arrestado por las autoridades de Estados Unidos en abril de 2017 acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva; cuando se presentó un testigo clave: Sergio Villarreal Barragán, El Grande, lugarteniente del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

García Luna, quien ejerció el cargo desde fines de 2006 hasta el 2012 durante el sexenio del panista Felipe Calderón, se ha declarado inocente de las acusaciones de las autoridades, quienes afirman que recibió “enormes” cantidades de dinero del Cártel de Sinaloa, liderado por El Chapo, a cambio de permitir que éste traficara cocaína.

“El Cártel de Sinaloa tenía una estructura que incluía a miles de miembros, entre ellos: (a) el liderazgo del Cártel de Sinaloa, quienes fueron los que tomaron las decisiones finales en la organización con respecto a sus actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero, así como sus actividades de corrupción y aplicación de la ley emprendidas para preservar y proteger sus actividades ilegales; (b) personal de seguridad, que protegió el liderazgo del Cártel de Sinaloa y participó en actos violentos para promover los objetivos de la organización (...)

“(c) Jefes de plaza, que controlaban ciertos territorios para el Cártel de Sinaloa y que eran responsables del transporte de drogas a través de esos territorios; (d) transportistas, como tripulaciones de barcos y submarinos, pilotos y camioneros, que transportaban drogas desde Colombia a través de México y hacia los Estados Unidos; (e) blanqueadores de dinero, que canalizaron las ganancias de las drogas de los Estados Unidos a México; y (f) funcionarios públicos corruptores, que brindaron protección al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos”, se lee en los cargos del Gran Jurado contra los ex servidores mexicanos.

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