En México creció significativamente la tasa de percepción y prevalencia de la corrupción en el ámbito de servicios gubernamentales a empresas privadas de la Ciudad de México en comparación con los datos de 2016, de acuerdo con las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A través de la Encuesta de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas de la Ciudad de México 2019 (ECRIGE), el Inegi pretende generar información referente a las experiencias y percepción en el sector privado sobre los marcos regulatorios bajo los cuales se rigen las empresas.
Es decir, alrededor del impacto que tienen los trámites, pagos, solicitudes e inspecciones que exigen o aplican los diferentes ámbitos de gobierno, con énfasis en la posible presencia de actos de corrupción, así como el interés de participación en las diversas licitaciones que ofrecen los gobiernos para un buen ambiente de negocios.
Por otra parte, buscan identificar los elementos que inciden en su productividad, desarrollo y competitividad, así como los problemas que enfrentan los empresarios en la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales.
El periodo de referencia de la información en la encuesta es de enero a octubre de 2019. Las entrevistas fueron realizadas a 5,001 empresarios del sector privado (excepto aquellas relacionadas con la agricultura) de las 16 demarcaciones de la capital mexicana.
El informe del Inegi indica que el 15.2% de los empresarios consideraron que los trámites, las normas, licencias o inspecciones gubernamentales en el periodo antes mencionado fueron uno de los obstáculos para el logro de los objetivos en sus respectivos negocios.
Algunas de las alcaldías donde se tuvo la percepción de actos de corrupción con más frecuencia son Azcapotzalco con el 99.1%; Miguel Hidalgo con el 92.5%; Xochimilco con el 95.4%; así como Milpa Alta con el 92.7%.
Por otra parte, el 48.8% indicaron que en el cumplimiento de las regulaciones efectuaron algún pago. El Inegi estimó que dichas cargas económicas equivalen a 17 mil millones de pesos, equivalente al 0.5% del Valor Agregado Bruto en la CDMX.
En este sentido, se especificó que las empresas del sector privado realizaron cerca de 2.8 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios en 2019. Algunos de los más frecuentes fueron el pago ordinario de agua potable, el impuesto estatal sobre nómina, la cuota o el alta patronal del IMSS y la inscripción de trabajadores ante el INFONAVIT.
Sin embargo, el 22.1% de los empresarios aseguró que tuvieron algún tipo de problema en la CDMX al realizar dichos trámites, solicitudes de servicio o pagos a instancias gubernamentales. Uno de esos problemas que la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción realizados por servidores públicos.
En este contexto, el 74.9% de las empresas consideró que los actos de corrupción se producen para agilizar los trámites, mientras el 38.5% aseguraron que se generan para evitar las multas o sanciones.
Ya en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) se había adelantado que la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor publico y experimentó al menos un acto de corrupción, fue del 20,690 por cada 100,000 habitantes en la Ciudad de México. A nivel nacional la tasa de prevalencia de corrupción fue de 15,732 por cada 100,000 habitantes.
Con las empresas de la Ciudad de México, el número de la tasa de prevalencia de corrupción cambió a 653 de cada 100,000 unidades económicas en promedio que experimentaron un acto de corrupción durante trámites o inspecciones.
Fueron las Pequeñas y Medias Empresas, también llamadas PyMes, las que registraron una mayor tasa de víctimas con 1,078 por cada 100,000 habitantes. En el caso de las actividades industriales, se registró una tasa de 1,236 casos por cada 100,00 habitantes.
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