El Mochomo, señalado en el caso Ayotzinapa, fue hospitalizado

José Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, un presunto líder del cártel Guerreros Unidos y de quien se sospecha que está vinculado directamente con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, fue trasladado a un hospital de la Ciudad de México para su revisión al presentar diversos malestares, pero ya se encuentra de nuevo en arraigo.

Así se lo informó la Fiscalía General de la República (FGR), quien tiene detenido a Casarrubias Salgado en el Centro de Investigación Federal, al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la capital mexicana, de acuerdo con los estrados consultados por Infobae México.

“Fue comunicado el egreso del quejoso del Hospital Torre Médica y su reingreso al Centro Federal de Arraigo”, indicó el juzgador. Además, se le informaron de las medidas que las autoridades tomaron para “salvaguardar su salud y evitar la violación de sus derechos humanos”.

Y es que Casarrubias Salgado presentó malestares relacionados con el estrés. La madre del detenido aseguró a finales de junio que su hijo padece hipertensión y diabetes. Sin embargo, el traslado y la hospitalización de El Mochomo duró apenas unas horas. Cuando se recuperó, fue trasladado de regresó a donde se encuentra arraigado desde principios de julio.

En arraigo, El Mochomo permanecerá detenido al menos hasta el 10 de agosto, ya que un juez le dio a la Fiscalía mexicana 40 días para investigarlo por cargos de narcotráfico distintos a los del caso Ayotzinapa, debido a que un Tribunal le negó la libertad.

Después de que el mismo Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México le negara la suspensión del arraigo, la defensa de Casarrubias Salgado interpuso una queja y su caso llegó al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Sin embargo, dicho Tribunal declaró como “infundado” el recurso de queja de El Mochomo, de acuerdo con los estrados consultados por Infobae Mexico.

El Mochomo fue detenido la primera vez el miércoles 24 de junio, pero su captura se dio a conocer recién a principios de la siguiente semana. El hombre está acusado de haber participado en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, en septiembre de 2014, y estuvo prófugo de la justicia durante casi seis años.

Sin embargo, el pasado miércoles 1 de julio, Casarrubias Salgado fue liberado después de lo que autoridades calificaron como tecnicismos, en un movimiento que generó una investigación al interior del Poder Judicial. Unas horas después, cuando fue liberado afuera del Centro de justicia penal federal de Almoloya, en el estado de México, mejor conocido como el penal del Altiplano, la FGR lo recapturó.

La Fiscalía aseguró que la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) tenía intervenciones telefónicas que señalaban cohecho por varios millones de pesos “por individuos cercanos al imputado, a personal del juzgado, para que decretara su libertad”, por lo cual obtuvo el arraigo del involucrado.

Las pruebas presentadas para justificar la detención de Casarrubias en el municipio de Metepec, Estado de México, fueron desechadas en aquel momento por la magistrada del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca, María del Socorro Castillo Sánchez, en un caso que el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de “corrupción”.

En la llamada, divulgada por varios medios locales, se escucha a Francelia Salgado Patiño, madre de El Mochomo y a su abogado, Arturo Rodríguez García, hablar de la supuesta entrega de dinero al personal de Acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales.

La publicación de la llamada llevó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a presentar una denuncia interna para dar inicio a una investigación sobre posibles actos de corrupción y vicios jurídicos en el Juzgado mencionado, proceso que ya generó hasta ahora la suspensión por seis meses del secretario del juzgado involucrado en el caso.

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