
El Poder Judicial de la Federación admitió formalmente el recurso de apelación promovido por la defensa de César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general del Estado de Chihuahua, en contra de su vinculación a proceso por el presunto delito de traición a la patria. La audiencia de alegatos quedó fijada para el 20 de enero de 2027.
El caso se originó tras un operativo antidrogas en la sierra de El Pinal, en Chihuahua, donde intervinieron agentes estatales y cuatro integrantes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA). Jáuregui permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, conocido como el Altiplano, en el Estado de México.
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La admisión del recurso y la nueva audiencia
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con residencia en el Estado de México, determinó que la impugnación presentada por los abogados del exfiscal reúne los requisitos legales de oportunidad, procedencia y legitimación. El acuerdo se emitió el pasado 13 de noviembre dentro del toca penal 211/2026.
La resolución invocó el artículo 470 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicado en sentido contrario, como fundamento para admitir el recurso. El tribunal estableció que la diligencia se realizará por videoconferencia y ordenó al director del penal del Altiplano realizar las gestiones necesarias para que Jáuregui pueda participar.

Se instruyó a las partes conectarse 15 minutos antes del inicio para realizar pruebas de audio y video. El órgano jurisdiccional advirtió que, en caso de no conectarse o de no presentar al justiciable, se impondría una medida de apremio consistente en multa equivalente a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), conforme al artículo 104 del mismo código.
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El asunto será resuelto de manera colegiada y la determinación correspondiente deberá emitirse por escrito.
Origen de la acusación y argumentos de la Fiscalía General de la República
La vinculación a proceso que ahora se apela fue dictada el 25 de octubre por el juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México. La resolución se relaciona con un operativo contra un laboratorio clandestino de metanfetaminas en la comunidad de El Pinal, en la sierra de Chihuahua.
En ese operativo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y cuatro agentes extranjeros, identificados por medios locales como integrantes de la CIA. Según la acusación, estos agentes intervinieron en territorio mexicano sin autorización ni atribuciones para ello.
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La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Jáuregui permitió la intervención de personas extranjeras armadas en acciones que, por ley, corresponden exclusivamente a la Federación. Durante la audiencia de vinculación a proceso celebrada en octubre, el Ministerio Público argumentó que la falta de patriotismo o de amor a la patria por parte del imputado incidió en que permitiera dicha intervención.
La fiscalía calificó el delito de traición a la patria como un ilícito “de peligro”, es decir, una conducta que la ley castiga por poner en riesgo un bien jurídico protegido, en este caso la seguridad nacional y la soberanía del país.
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De acuerdo con la FGR, Jáuregui también habría ocultado información sobre el operativo. La institución a su cargo tenía la obligación de informar a la Federación sobre las acciones realizadas, pero en cambio comunicó los detalles a personas extranjeras. Además, el exfiscal habría declarado públicamente que el operativo fue resultado de meses de planeación conjunta entre la AEI y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas, ambas áreas bajo su mando.
La postura de la defensa y el estatus actual del exfiscal
La defensa de Jáuregui ha cuestionado la procedencia de la acusación por traición a la patria. Los abogados del exfiscal sostienen que no existen pruebas de que su cliente hubiera tenido conocimiento o autorizado la participación de los agentes extranjeros en el operativo.
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Con base en ese argumento, la defensa considera desproporcionada la imputación penal en su contra. La admisión del recurso de apelación abre la posibilidad de que un tribunal de segunda instancia examine estos argumentos y determine si la resolución judicial debe confirmarse, modificarse o revocarse, aunque por sí misma no implica todavía la revocación de la vinculación a proceso.

Jáuregui permanece privado de su libertad con prisión preventiva oficiosa en el penal del Altiplano desde que el juez de control dictó la vinculación a proceso en octubre. El caso ha generado diversos pronunciamientos de dirigentes y representantes del Partido Acción Nacional (PAN), partido al que pertenece el exfuncionario.
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Estos dirigentes han cuestionado la acusación de traición a la patria, exigido respeto a la presunción de inocencia y solicitado que el exfiscal pueda enfrentar su proceso en libertad. Con la admisión del recurso de apelación, el procedimiento judicial entra en una nueva etapa, en la que corresponderá al Tribunal de Apelación revisar la legalidad de la vinculación a proceso dictada contra el exfiscal chihuahuense.
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