
Durante una reunión con diputadas de la Comisión de Igualdad de Género, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, expuso que el confinamiento social por la emergencia sanitaria de COVID-19 ha evidenciado a la violencia de género como una segunda epidemia.
A causa de esta circunstancia se tomó la decisión de implementar una campaña de denuncia a través del número de emergencia 911, el cual tan sólo en el mes de abril recibió 400,000 llamadas relacionadas con agresiones a mujeres y de pareja.
Si bien aceptó que el 91% de las víctimas no solicita apoyo o no denuncia la violencia que padece dentro de su casa, no dijo que los llamados de emergencia fueran falsos tal y como lo había asegurado el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa del pasado 15 de mayo.
“No quiero decir que no exista la violencia contra las mujeres, no quiero que me vayan a malinterpretar. El 90% de las llamadas que se registran por violencia contra las mujeres son falsas”, sostuvo el mandatario. Incluso mencionó que eso “está demostrado”, pero no dio más detalles para explicar tal afirmación.

Las razones por las cuales las mujeres deciden no denunciar, explicó la funcionaria con base en los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, son porque el 10% de ellas supone que no le van a creer; el 70% no lo considera importante; y el 20% restante teme a las represalias que puedan surgir.
Ante este panorama, la titular del instituto indicó que se han reforzado las acciones en contra de la violencia de género al interior de las casas de los 14 estados en donde se tienen los registros más altos de violencia y feminicidios. Además destacó que ante este desafío se necesita la coordinación entre el poder Legislativo y el Ejecutivo.
Puntualizó que desde el Inmujeres “nos esforzamos para que sepan que no están solas y que pueden pedir ayuda”. Por ello, planteó ampliar la capacidad de respuesta del 911 con el fin de que se pueda recibir, identificar, localizar y atender a mujeres víctimas de violencia.
Asimismo, puntualizó que se creó un directorio de servicios integrales y un mapa georeferenciado con información desagregada de las dependencias que brindan atención, la cual se buscará que se lleve a cabo durante las 24 horas en los siete días de la semana.

Por otra parte, detalló que en coordinación con la Secretaría de Gobernación y otras dependencias se impulsará una estrategia nacional de prevención de violencias contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, a partir de la cual se buscará asegurar la disponibilidad y continuidad de servicios esenciales e identificar acciones para los grupos de mayor vulnerabilidad.
Igualmente se pretende fortalecer los sistemas de información y monitoreo en cada entidad para responder a las necesidades inmediatas de refugio, casas de tránsito, atención en procuradurías, fiscalía y centros de justicia para las mujeres y las “Puertas Violetas”, comentó la funcionaria.
Sin embargo, la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, reconoció que en la actualidad la mayor parte de los recursos públicos están siendo destinados a la atención de la emergencia sanitaria por la COVID-19, lo cual representa incertidumbre para el presupuesto que se tenía contemplado en el tema de la protección a mujeres, entre otros.
Aunque se mostró preocupada por las Casas de las Mujeres Indígenas, que han reclamado retenciones de recursos previamente asignados por parte de la Secretaría de Hacienda, también explicó que buscan otras formas de financiamiento como “la Unión Europea y algunas embajadas que no han tenido la oportunidad de ejercer algunos recursos redirigidos a derechos humanos”.
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