Después de que el pasado viernes renunciara Rolando Vásquez, un funcionario del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) por revelarse su participación en un chat de Whatsapp en el que se exhiben imágenes íntimas de mujeres de comunidades mixes y ayuujk, se presentó una denuncia emitida por Sandra Domínguez, defensora de los derechos humanos de mujeres.
En este grupo participaban 100 hombres, incluidos funcionarios públicos, entre los que destacan el ya mencionado Rolando Vásquez Pérez, jefe del departamento normativo de control de plazas del INPI; Donato Vargas, ex candidato diputado local por la región Mixe y Juan Eliel Hernández, identificado como líder de grupos desplazados de la Sierra Norte, afirma Sandra en entrevista con El Universal.
Un conocido de la defensora fue el que le mostró la existencia de este grupo, ya que pertenecía a él. El integrante admitió que ese chat fue creado con la finalidad de compartir pornografía y fotos íntimas. Posteriormente, Sandra tuvo pruebas sobre la creación del grupo y la identidad de los administradores.
Ante ello, Sandra acudió a las autoridades correspondientes a denunciar los hechos y compartir su testimonio a través de los medios de comunicación, ya que en ese grupo también se exhibía una foto suya. Sin embargo, los ayuntamientos salieron en defensa de los acusados, en particular de Rolando Vásquez, quien ya había sido denunciado por amedrentar a otra activista por mensajes de texto, pero fue ignorada.
Se emitó un comunicado por parte del presidente municipal de Tamazulápan, Artemio Ortiz, en el que se respalda a Rolando, asegurando que a pesar de lo sucedido, “se ha conducido con cordura, legalidad y respeto” y se cuestionan las declaraciones de Sandra.
Posteriormente, en conferencia de prensa, el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, mencionó que se notificó al órgano interno de control para que realizara las investigaciones pertinentes. Sin embargo, el funcionario normalizó lo sucedido al compararlo con el comportamiento que hubiese tenido cualquier ciudadano que se comunica a través de chats: “Entiendo que son gente de Oaxaca, son ciudadanos y como cualquier ciudadano tienen sus grupos de Whatsapp”, afirmó el titular federal.
216 mujeres, entre activistas y defensoras, así como 78 organizaciones, dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres, emitieron una carta dirigida al titular del INPI, donde reprueban la “ligereza de su postura”, tras la denuncia sobre el chat donde se exhibía y cosificaba a mujeres ayuujk y mixes.
Integrantes de la Red de Abogadas Indígenas (organización que emitió la carta) dijeron estar sorprendidas e indignadas con la respuesta, pues esperaban que como titular de la instancia nacional que atiende a los pueblos indígenas emitiera una condena, lo que no sucedió.
“Lo que se esperaría de alguien como usted, era que el agresor, al formar parte de su instituto primero reconociera públicamente su responsabilidad; segundo, ofrecer disculpas públicas a cada una de las mujeres violentadas en ese chat; tercero, que el funcionario en cuestión reparara el daño causado a las mujeres y cuarto separarlo del cargo de manera oficial por ser un sujeto que ejerce violencia sexual contra mujeres indígenas, y por último ponerlo a disposición de los órganos administrativas y penales,” acusaron.
Exigieron a Adelfo Regino Montes a actuar con “cero tolerancia” a la violencia contra las mujeres y solicitaron que se informe de forma detallada sobre las acciones que se realizarán para dar acompañamiento a las mujeres, víctimas de violencia en la región mixe, de donde el servidor público es originario.
Por otro lado, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca sí condenó los actos de violencia digital en contra de las mujeres mixes, a través de su cuenta de Facebook.
“Nos unimos a la petición de legítima reparación del daño y garantía de no repetición, de conformidad con la ley vigente. Nos manifestamos por la no impunidad, protección, o consideraciones a favor de quienes hayan cometido actos de acoso digital contra mujeres indígenas”, manifiestan, asegurando el apoyo psicológico, jurídico y de trabajo social que se requiera.
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