Hace 40 días, Olga Elizabeth Ojeda Mayoral se convirtió en la fiscal anticorrupción de Baja California por 23 votos a favor, sin embargo, hoy renunció a su cargo a través de una carta dirigida al presidente de la XXIII Legislatura del Congreso estatal, Víctor Manuel Morán Hernández.
En la misiva explicó que la precariedad y escasez de recursos de la fiscalía fueron los principales motivos de su renuncia irrevocable.
“Al iniciar contactos con las autoridades que tendría que interactuar para echar andar desde cero la citada Fiscalía, me pude percatar que la situación patrimonial del estado de Baja California es precaria, lo cual impone un enorme reto en casos como este, en los que hay que proveer de todo lo necesario para levantar desde sus cimientos una institución tan noble”.
Ojeda Mayoral explicó que pidió más recursos económicos, pero dijo que sólo recibió “simpatías y promesas”, y agregó que era agotador “reclutar a personal técnico y administrativo”.
“No quiero quedar mal con la confianza que me dispensó el gobernador del estado ni con el Poder Legislativo, motivo por el cual he decidido presentar mi renuncia irrevocable como Fiscal Especial para el Combate a la Corrupción del Estado de Baja California y continuar apoyando desde otras trincheras”, explicó en la carta.
El 31 de diciembre, al aprobarse la Ley de Egresos, se anunció que la Fiscalía Anticorrupción no tenía un presupuesto asignado para iniciar trabajos en 2020, porque debía de apoyarse en el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de la Unidad de Delitos Patrimoniales.
El objetivo de la fiscalía es investigar delitos cometidos por servidores públicos, en su caso, integrar las carpetas de investigación por las denuncias de corrupción presentadas en contra del ex gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid y seis integrantes de su gabinete.
Una de las denuncias es por el quebranto patrimonial de 1,200,000 de pesos por el uso de facturas falsas en contratos fantasmas con empresas inexistentes.
De no haber renunciado a su cargo, Ojeda Mayoral había permanecido en el puesto por 5 años.
El 19 de diciembre fue elegida por el pleno del Congreso del estado para ocupar el cargo. Sin embargo, no era la favorita, ya que la propuesta inicial era para Humberto Valdez Ramos, antes de que se le relacionara con temas de narcotráfico, cuando fungía como procurador estatal Antonio Martínez Luna, además de que fue abogado de Rafael Caro Quintero.
Ojeda Mayoral es abogada de profesión egresada de la Universidad Autónoma de Baja California en zona costa, y tras asumir el cargo dijo que nunca había sido funcionaria pública y que durante la mayor parte de su carrera laboró en su despacho legal.
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