Suprema Corte invalidó el Sistema anticorrupción de la CDMX por vicios en su creación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este jueves por completo el Sistema anticorrupción de la Ciudad de México, y declaró inconstitucional la Ley Orgánica de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción capitalina.

El Pleno decidió de manera unánime y señaló que la Asamblea Legislativa del Distritto Federal, que ahora lleva por nombre Congreso de la Ciudad de México, ya que tanto el cuerpo como la urbe cambiaron de nombre, estuvo envuelta en varios vicios cuando se emitieron las leyes correspondientes para crear el Sistema.

Por lo tanto, la Corte más alta del país decidió invalidar, por inconstitucional, la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México y las Leyes del Sistema, incluidas todas las reformas que se hicieron desde abril de 2019 hasta enero de 2020.

Estas leyes habían sido aprobadas a mediados de 2017 en una sesión extraordinaria de la entonces Asamblea que, en opinión de los magistrados, no se convocó debidamente.

Además, se invocaron otros problemas como la incorrecta repartición a los legisladores de los dictámenes, hechos sin la anticipación adecuadas, así como la publicación de dichos documentos en la Gaceta Parlamentaria el mismo día de la sesión.

A pesar de que la decisión fue unánime en el Pleno de la Corte, la ministra Yasmín Esquivel pidió que la sentencia surtiera efecto hasta que el proceso legislativo fuera repuesto y se aprobaran nuevas leyes, en función de evitar un vacío.

Sin embargo, el resto de sus colegas resaltaron que eso tendría que ocurrir recién en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Por lo tanto, nadie secundó la propuesta y la sentencia entrará en efecto cuando la Asamblea sea notificada.

La decisión final de la Suprema Corte se dio después de que una serie de participantes de la entonces Asamblea legislativa denunciara irregularidades, a las cuales se unieron otras organizaciones no gubernamentales y organismos de Derechos Humanos.

Vale recordar que en 2015, después de una reforma constitucional con la que fue creado el Sistema Nacional Anticorrupción, todos los estados, incluida la capital del país, se vieron obligados a hacer ajustes para generar estructuras dedicadas al combate a la corrupción.

Además, las legislaturas locales se vieron obligadas a crear leyes para contar con Sistemas Anticorrupción locales, además del federal, que incluyeran un Comité coordinador del Sistema local anticorrupción, un Comité de participación ciudadana y la obligación para los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial y de intereses.

De cualquier manera, la capital mexicana es una de las últimas en haber completado el proceso legislativo y ahora, con esta decisión de la Suprema Corte, la aplicación de leyes que combatan la corrupción se demorará aún más.

El Sistema Anticorrupción capitalino había arrancado con demoras el pasado octubre. Ya en aquel momento los protagonistas admitieron la necesidad de recuperar el tiempo perdido. “Es (el Sistema) más ansiado, y creo que el más taquillero, por eso nos congratulamos de haberlo instalado formalmente”, dijo en aquel momento el presidente del Comité ciudadano, José López Presa.

Y es que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado en distintas ocasiones que una de las prioridades de su gobierno, al que califica como “La Cuarta Transformación” de la vida pública del país, es el combate a la corrupción.

Sin embargo, en la administración actual, se han presentado una serie de situaciones que contradicen los dichos del presidente. Una de las más destacadas ha sido la exoneración de Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que había sido señalado por mentir en sus declaraciones de patrimonio y conflicto de interés.

Bartlett, personaje cercano a López Obrador en la última década, fue exculpado por el propio gobierno del tabasqueño, a través de la Secretaría de la Función Pública, encargada de revisar este tipo de acusaciones contra los funcionarios gubernamentales.

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