Las noticias llegan a menudo ahora: otro cuerpo descubierto, roto y dejado en harapos, derribado por las balas. Emergen durante el día, la media noche y el amanecer. Las muertes no tienen reloj.
“Hemos vivido este infierno por algún tiempo”, dijo un periodista mientras mira el ataúd de un colega asesinado.
Hoy, México es uno de los peores países del mundo para ser periodista. Al menos 11 comunicadores fueron asesinados durante el primer año del sexenio de Andrés Manuel López Obradaor, de éstos, diez se cometieron en el 2019. Y existen pocas esperanzas de que 2020 sea mejor.
Según Artículo 19, un grupo que rastrea los crímenes contra periodistas en todo el mundo, agosto fue el peor mes registrado para México. Al menos tres periodistas murieron durante esa fecha.
Las razones de tales asesinatos son a menudo variadas: sicarios de cárteles molestos por la cobertura agresiva, funcionarios públicos corruptos que apuntan a los críticos para silenciarlos, violencia al azar e incluso periodistas que cruzan los mundos criminales que cubren.
Pero según datos oficiales, los servidores públicos como alcaldes y policías han amenazado a los periodistas con más frecuencia que las células criminales, los delincuentes menores o cualquier otra persona, poniendo en peligro las investigaciones.
En los últimos seis años se registraron 800 casos graves de acoso, agresión u homicidio cometidos contra periodistas; sin embargo, en sólo dos de ellos se ha enjuiciado a los sospechosos.
Por su parte, el gobierno de México se ha opuesto a las críticas sobre la situación actual de los comunicadores, argumentando que ha aprobado leyes para proteger a los profesionales de la información, dándoles botones de pánico, equipos de vigilancia e incluso guardias armados si la amenaza es lo suficientemente grave.
La censura. Después de casi una década de reciente violencia contra los medios, ya sea por parte de funcionarios locales o del crimen organizado, la prensa se ha adaptado a reducir severamente lo que informa.
El mandatario López Obrador asumió el cargo prometiendo abordar la violencia visitada en los medios. A pocas hora de haber asumido la presidencia, en Nayarit fue ultimado Jesús Alejandro Márquez Jiménez, del medio Orión Informativo.
El corresponsal fue visto por última vez el 30 de noviembre, cuando comía con su familia y recibió una llamada telefónica. Tras responder salió de casa abordo de su motocicleta y no volvió más.
Dos semanas después, el comunicador y director de Radiokashana, Rafael Murúa Manríquez, de 34 años, apareció muerto en la cuneta de una carretera del municipio de Mulegé, en Baja California.
Un familiar del periodista dijo a Artículo 19 que la madrugada del domingo 20 de enero, recibió una llamada de un hombre que estaba con Rafael y quien informó que se lo había llevado. Poco después el cuerpo de la víctima apareció con diversas perforaciones en el tórax.
En febrero perdió la vida Samir Flores Soberanes, el activista que se oponía a la termoeléctrica de Morelos.
Según los reportes, Samir de Radio Amiltzinko, fue atacado fuera de su casa en el municipio Amilcingo, en Temoac en Morelos. Pese a los intentos de salvarle la vida, el activista falleció media hora después de haber llegado al hospital.
En los meses siguientes, marzo y mayo, fueron asesinados Santiago Barroso, de Noticias Red 653/91.1 FM, Telésforo Santiago Enriquez, de Estéreo El Cafetal 98.7 y Francisco Romero, de Ocurrió Aquí.
Norma Sarabia del Semanario Chonyalpa, se convirtió en la primera comunicadora ultimada en 2019. La periodista cubría la nota roja en Tabasco y estaba a poco de terminar la carrera de psicología.
Hasta esta fecha, México ya acumulaba 8 asesinatos de comunicadores en la actual administración.
El pasado 30 de julio, el cuerpo de Rogelio Barragán de el medio Guerrero Al instante, fue encontrado dentro de la cajuela de un auto en el municipio de Zacatepec, Morelos.
De acuerdo con los reportes, los agresores de Barragán habrían desfigurado el rostro del periodistas con ácido.
Eduardo Alberto Nava López, de La Verdad Zihuatanejo , Jorge Celestino Ruiz, de El Gráfico de Xalapa, y Nevith Condés Jaramillo del medio El Observatorio del Sur fueron asesinados en agosto.
El periodismo en tiempos de narcos . Nevith Condés Jaramillo, de 42 años, vivía en Tejupilco, Estado de México. Escribió durante varios años en El Observatorio del Sur. Pero se metió en territorio mortal, cuando comenzó a reportear la zona de Tierra Caliente.
En agosto de 2019, las piezas de su cuerpo fueron descubiertas en el cerro de Cacalotepec, convirtiéndose así en el décimo comunicador asesinado en el 2019.
En 2017, el periodista de la fuente de narcotráfico, Javier Arturo Valdez, perdió la vida en la colonia Jorge Almada, en Sinaloa.
Valdez se dirigía a su trabajo en el diario Ríodoce cuando fue baleado por un comando. Desde entonces, familiares y periodistas han exigido que el gobierno federal investigue el caso como un ataque a la libertad de presa. Sin embargo, el homicidio del comunicador tiene pocas esperanzas de justicia. Dicen que las muertes de periodistas caen en un cementerio de impunidad, cierto para casi todos los asesinatos en México.
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