
El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Senado elegir a Ana Laura Magaloni, Diana Álvarez o a Margarita Ríos-Farjat para cubrir la vacante que dejó Eduardo Medina Mora, cuando renunció al encargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De esta manera, el Pleno de la Corte estará integrado por ocho mujeres y tres mujeres, junto con las Ministras Norma Lucía Piña y Jasmín Esquivel.
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, anticipó que cuando llegue la terna presidencial a la Cámara Alta iniciará el proceso para la designación de la nueva ministra de la Corte, el cual podría concluir antes del 12 de diciembre, fecha en que finaliza el periodo ordinario de sesiones del Congreso mexicano.
El martes 8 de octubre, el Pleno del Senado aprobó la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, una vez que el presidente López Obrador aceptó su dimisión. La salida de Medina Mora del máximo Tribunal de Justicia en México se dio en el marco de la investigación que en su contra inició la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero.
A 20 días de la clausura de los trabajos legislativos, con la atención de diputados y senadores en la aprobación del paquete económico para 2020, la designación de quien ocupará el lugar número 11 en la integración de la Sala Superior de la SCJN se convertiría en el principal pendiente de los trabajos legislativos.
Hasta el momento, no hay declaraciones públicas de legisladores ni se han presentado iniciativas de reformas constitucionales relacionadas con la modificación del actual proceso de designación de ministros, para fortalecer la autonomía e independencia de la Suprema Corte y así evitar su desprestigio y debilitamiento institucional.
Organizaciones de la sociedad civil, involucradas con movimientos como #SinCuotasNiCuates se han pronunciado reiteradamente sobre la urgencia de modificar las reglas de selección que sigue el Senado, debido a que el proceso de designación sólo “es una simulación, opaco, mediocre, en el que participan candidaturas de relleno”, porque los votos obtenidos son resultado de “negociaciones discrecionales” entre los legisladores y de “compromisos inconfesables” de los aspirantes.
Los perfiles
- Ana Laura Magaloni es profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores.
Es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada de Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Ha sido investigadora y profesora visitante en el European Law Research Center de la Universidad de Harvard y del International and Comparative Law Research Center en la Universidad de California en Berkeley. Realizó estudios en el Centro de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia. El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, es tutor de la aspirante a ocupar el lugar vacante en la Corte.
- Diana Álvarez es licenciada en Derecho por el ITAM y tiene una maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Universidad de las Américas (UDLA). Ha sido profesora universitaria por más de 15 años en la Universidad Iberoamericana, en el ITAM y en la UDLA.
En las elecciones presidenciales de 1994 se desempeñó como asesora de Santiago Creel Miranda en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE). Álvarez Maury estuvo en la terna de los aspirantes a dirigir la Fiscalía Anticorrupción, propuesta por AMLO.
En su perfil de Linkedln destaca su especialidad como “terapeuta de transmisión de energía cósmica”, técnica que aplicó de enero de 2010 a noviembre de 2012 en la empresa Life Quality Project México.
- Margarita Ríos-Farjat es abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y tiene una maestría en Derecho Fiscal de la misma universidad. Es doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
Trabajó en el Poder Judicial de la Federación de 1996 a 1999 y desde ese año ejerce el derecho de forma independiente en diferentes firmas de abogados. Es una de las fundadoras del colectivo Coalición Anticorrupción que desde 2016 impulsó el Sistema Estatal Anticorrupción en el estado de Nuevo León. A partir de julio de 2018, formó parte del equipo de transición del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y, desde el inicio del sexenio, es Tttular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En el camino quedaron las aspiraciones de Diana Bernal Ladrón de Guevara, primera procuradora de la Defensa del Contribuyente (Prodecon); Janine Otálora Malassis, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Maribel Méndez de Lara, magistrada del Tribunal Agrario; y Leticia Bonifaz Alfonzo, quien fue directora de Estudios Jurídicos del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE).
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