
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que brindan servicio público de salud para empleados, han presentado desabasto de medicamentos. El 22.9% de las personas que recibieron una receta médica en alguna de estas instituciones no obtuvo los fármacos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2016.
Según la plataforma No al Huachicol de Medicinas, realizada por diversas organizaciones de salud, el desabasto de medicamentos se debe principalmente a dos factores: corrupción e ineficiencia en la entrega oportuna de medicamentos. Y citan a la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados de 2014, la cual informó que las familias que viven en zona marginadas llegan a destinar más de la mitad de su ingreso mensual en atención médica y compra de fármacos.
La corrupción involucra a médicos, enfermeras, jefes de área, vendedores externos que ofrecen los fármacos mercados negro. Funciona similar a como se da el robo de combustible en la empresa productiva del Estado, Pemex. Esta práctica es conocida como huachicoleo, de ahí que también se le llame así a la sustracción de medicamentos del servicio público de salud.
Las nuevas reglas en la compra de medicamentos y las modificaciones de los tiempos de entrega, son otras razones que afectan el abasto oportuno de medicamento, dijo Luis Fernández, director de Nosotrxs, una de las organizaciones que está detrás de las plataforma No al Huachicoleo de Medicinas.

Al principio de este año, el nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, modificó las condiciones de adquisición de medicamentos para evitar la corrupción a la hora de comprarlos. El presidente anunció en febrero que su administración comenzaría a revisar los contratos de adquisición de fármacos y alimentos para evitar anomalías y de paso ahorrar.
El mandatario dijo entonces que los medicamentos y equipo médico son el segundo rubro en materia de compras más importante para el gobierno federal. Días antes de renunciar a su cargo al frente del IMSS en mayo, Germán Martínez hizo público un robo por cerca de MX 300 millones en medicamento a la farmacia de la Clínica 16 en Coahuila y separó de su cargo a los presuntos responsables.
A mediados de agosto, Reyes Flores Hurtado, delegado del gobierno federal en esa entidad, informó que la Fiscalía General de la República ya estaba investigando una red nacional de robo de medicamentos. Esto generaría pruebas para un juicio contra los presuntos responsables. Pero según medios locales, los involucrados en la denuncia por el hurto de 300 millones de pesos en fármacos ya volvieron a su trabajo.
La plataforma No al Huachicol de Medicinas presentó el 14 de octubre su primer diagnóstico con la información recopilada en los primeros cinco meses desde su lanzamiento, generada a partir de denuncias ciudadanas hechas en su página. Los más afectados fueron los pacientes con diabetes (15.3%), hipertensión (14.3%), cáncer (8.6%), VIH (7.3%) y fallo renal (3.5%).
La mayoría de los casos se registraron en el ISSSTE, con 48.7% de los pacientes afectados. El 25% dijeron ser derechohabientes del IMSS y el 15.9% del Seguro Popular, otro servicio público de salud. Las entidades donde más se reportaron falta de medicamentos son Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Chihuahua.
Los medicamentos más frecuentemente negados para surtir son el Losartán y el Telmisartán, recetados para controlar la presión arterial; Insulina y Metformina, que regulan la glucosa en la sangre; y Tracolimus, indicada en la prevención del rechazo en personas que recibieron un trasplante o afectaciones renales.
Otros medicamentos que integran el reporte son Alopurinol, recetado para el tratamiento de la gota o controlar los altos niveles de ácido úrico y Alprazolam, utilizado en el tratamiento de trastorno de ansiedad o pánico.
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