Foto arte: Gil Jovani Pérez Silva/ Infobae
Foto arte: Gil Jovani Pérez Silva/ Infobae

Felipe Calderón llegó a la Presidencia de México, en diciembre de 2006, en medio de un tufo a ilegalidad. Diversas voces aseguraban que la elección había sido manipulada para que ganara el candidato de Acción Nacional, partido que había gobernado el sexenio anterior con Vicente Fox .

Es por eso que una de sus primeras acciones fue emprender una lucha contra el narcotráfico, pero lo hizo sin una estrategia, lo que sumió al país en una violencia nunca antes vista, la cual, sigue imparable y que ha dejado miles de muertos y desaparecidos.

Esta semana se dio a conocer que el ex presidente acudiría al Tecnológico de Monterrey a dar una “conferencia magistral” a estudiantes de Derecho de esa casa de estudios.

Las reacciones no se hicieron esperar, por lo que se inició una petición en la plataforma Change.org para evitar que el exmandatario acudiera a la institución, recordando que justamente 2 estudiantes de excelencia en esa institución, fueron asesinados en 2010 y catalogados como integrantes del crimen organizado, sin haber averiguado antes.

Las críticas llevaron a Calderón a cancelar su conferencia. Mediante una carta, el ex mandatario señaló que lo hacía debido al rechazo de Rosa Elvia Mercado, madre de uno de los jóvenes asesinados y aunque le gustaría reunirse con los familiares de Jorge y Javier y “escucharlos de viva voz” respeta su dolor, por lo que declinó la invitación.

“La guerra contra el narco”

FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El 10 de diciembre de 2006, sólo 9 días después de haber tomado posesión como presidente de la República, Felipe Calderón ordenó el despliegue de 6,500 elementos del Ejército en la Tierra Caliente en lo que se denominó “Operativo conjunto Michoacán” que tendrían el objetivo de combatir al crimen organizado en la entidad “por cielo, mar y tierra”.

Michoacán, tierra natal del entonces presidente, era azotada por el Cártel de la Familia Michoacana, el cual ya había dado muestras de su sanguinario y cruel poderío al arrojar cinco cabezas humanas en la pista de un centro nocturno, en septiembre de 2006. También se implementaron operativos militares en Chihuahua y Baja California.

Calderón le había declarado “la guerra” al narcotráfico.

Al siguiente mes, en enero de 2007, Felipe Calderón visitó la 43 Zona Militar ubicada en Apatzingán enfundado en un traje militar y le pidió a los soldados seguir en la batalla contra los criminales.

 (Foto: Rashide Frías/ Cuartoscuro)
(Foto: Rashide Frías/ Cuartoscuro)

La estrategia de Calderón, sumió al país es una espiral de violencia inimaginable desde la época de la Revolución.

A lo largo de su sexenio, Calderón continuó el despliegue de militares como parte de su lucha contra el narco en más estados.

Aunque hizo importantes capturas de capos, como la de Alfredo Beltrán Leyva, en enero de 2008, la detención de Edgar Valdés Villarreal “La Barbie” en 2010 o el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva “El Barbas” en diciembre de 2009; en los seis años de su Gobierno el país se llenó de sangre al registrarse 102,859 homicidios y 22,112 desaparecidos, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).

Aunque fue un sexenio envuelto en la violencia de principio a fin, hubo algunos casos que marcaron la presidencia de Felipe Calderón.

El asesinato en Villas de Sálvarcar

El lugar de la masacre, en Villas de Sálvarcar, Chihuahua (Foto: Especial)
El lugar de la masacre, en Villas de Sálvarcar, Chihuahua (Foto: Especial)

El 31 de enero de 2010, un comando armado asesinó a 17 jóvenes que celebraban una fiesta en Villas de Sálvarcar, en Ciudad Juárez Chihuahua.

Sin una averiguación de por medio, Calderón acusó a las víctimas de ser pandilleros, pero después se dio a conocer que se trataba de estudiantes. El 11 de febrero, la madre de dos de los jóvenes asesinados lo increpó y le exigió que se retractara, lo cual se vio obligado a hacer.

Por el asesinato detuvieron a cuatro sujetos, quienes fueron encontrados culpables del multihomicidio. Sin embargo, sobrevivientes de la masacre aseguraron que el comando estaba integrado por alrededor de 20 hombres.

Tras estos hechos, el Ejecutivo federal puso en marcha en febrero de 2010 el plan “Todos Somos Juárez”, para erradicar la violencia de raíz y al que destinó 3,383 millones de pesos (unos 277 millones de dólares).

El programa estableció 160 acciones en los temas de economía, empleo, salud, educación, desarrollo social y seguridad que serían completadas en un máximo de 100 días y dirigidas a reconstruir el tejido social y la convivencia de los residentes de esta ciudad insegura.

El plan contuvo la violencia, pero sólo por un tiempo. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a agosto de 2019, Chihuahua ocupa el tercer lugar en el número de homicidios dolosos, sólo por detrás de Colima y Baja California, al tener una tasa de con 37.74 casos.

Los estudiantes del TEC ejecutados en Monterrey

Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del TEC asesinados (Foto: Especial)
Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del TEC asesinados (Foto: Especial)

En marzo del 2010, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes de posgrado del Tecnológico de Monterrey, fueron asesinados por elementos del Ejército mexicano a unos pasos del campus en el estado de Nuevo León.

Luego los militares alteraron la escena, pusieron armas a los cuerpos de los jóvenes y los acusaron de ser parte de un grupo armado con el que se habían enfrentado minutos antes. Dijeron que los jóvenes iban “armados hasta los dientes”.

Las autoridades mexicanas, incluido el entonces presidente Calderón, apoyaron la versión de los militares. Después, se reveló que ambos jóvenes eran estudiantes de excelencia en esa institución, pero fue hasta marzo de 2019 que el gobierno mexicano ofreció una disculpa pública por lo ocurrido.

La masacre de migrantes en San Fernando

El 24 de agosto de 2010 militares encontraron a 72 migrantes asesinados en un rancho aislado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas (Foto: AFP)
El 24 de agosto de 2010 militares encontraron a 72 migrantes asesinados en un rancho aislado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas (Foto: AFP)

El 24 de agosto de 2010, México y el mundo se horrorizaron con el hallazgo de 72 cadáveres de migrantes centroamericanos en una bodega en San Fernando, en el estado mexicano de Tamaulipas. El lugar fue encontrado gracias a un migrante herido que logró escapar, pero que después murió en el hospital. Otro más logró sobrevivir.

Él revelaría que sicarios de Los Zetas los secuestraron cuando viajaban a bordo de dos autobuses sobre la carretera San Fernando- Matamoros, llevaron a 74 personas a una bodega semi abandonada del poblado. Ahí los invitaron a unirse a las filas de Los Zetas, pero ante la negativa, los vendaron y los balearon. Después les dieron el tiro de gracia.

Los familiares de las víctimas sufrieron un calvario para recuperar los restos de sus seres queridos. Algunos denunciaron que estaban siendo obligados a aceptar restos sin identificar. Acusaron a la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) de no tomar en cuenta a los familiares de las víctimas ni siquiera para pedir en su nombre que el Estado mexicano reparara el daño causado.

El ataque al Casino Royale

AP
AP

El 25 de agosto de 2011, un atentado al casino Royale, en Monterrey, Nuevo León, ocasionó la muerte de 52 personas, entre ellas adultos mayores y hasta mujeres embarazadas.

Ese día, sicarios de Los Zetas, uno de los cárteles más sanguinarios del país, llegó a reclamar el cobro de piso, pero al no obtener respuesta de los dueños, atacaron con bombas molotov y bidones de gasolina el Casino que en ese momento se encontraba lleno de gente.

El atentado fue catalogado como el peor ataque en la historia reciente en México.

Por los hechos fueron detenidas 18 personas, de las cuáles una falleció en el interior del penal del Topo Chico, pero sólo cuatro han sido sentenciadas con penas que van de los 75 a los 100 años de prisión. A 8 años de distancia, ningún ex funcionario ha sido procesado.

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