
Eduardo Medina Mora, quien renunció como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no proporcionó ningún dato sobre sus bienes y recursos económicos en su declaración patrimonial en Declaranet plus.
En una consulta realizada por Infobae en el portal habilitado por la Secretaría de la Función Pública, sólo aparecen los cargos que Medina Mora ha desempeñado en el sector público desde diciembre del año 2000 hasta marzo de 2015.
Así, de diciembre de 2000 a septiembre de 2005 se desempeñó como director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), bajo el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), quien llegó a la presidencia impulsado por el Partido Acción Nacional (PAN).
De septiembre de 2005 a noviembre de 2006, también en el sexenio de Fox, fue secretario de Seguridad Pública.
De diciembre de 2006 a septiembre de 2009 ocupó el cargo de Procurador General de la República, ya en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012- PAN).

De diciembre de 2009 a enero de 2013 se desempeñó como embajador de México en el Reino Unido.
Y de enero de 2013 a marzo de 2015, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) como embajador de México en Estados Unidos.
Después fue propuesto por el propio Peña como ministro de la SCJN, cargo que desempeñó hasta el 3 de octubre cuando presentó su renuncia al máximo tribunal de justicia del país.
Lo sorprendente de los datos que aparecen en el portal Declaranet, es que se señala que el grado máximo de estudios de Medina es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México y se precisa que toda la información fue capturada directamente por Eduardo Medina Mora.
Medina Mora es investigado por presuntamente haber recibido depósitos por 2 millones 283 mil libras esterlinas en una cuenta de HSBC UK Bank, entre 2016 y 2018.

También por depósitos en Estados Unidos, a una cuenta de HSBC en México, por 2 millones 130 mil dólares en el mismo lapso, cuando ya ejercía como ministro en la SCJN, por lo que le fueron congeladas sus cuentas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa que sobre el bloqueo de cuentas bancarias al ex ministro, Eduardo Medina Mora, de sus hermanos y sus empresas, que el SIARA (Sistema de Atención a Requerimientos de Autoridades) es el canal de comunicación oficial entre la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por el que se realizan los requerimientos de inclusión de personas a la Lista de Personas Bloqueadas.
El organismo que encabeza Santiago Nieto Castillo señala en un comunicado que en ejercicio de la facultad conferida a esta Unidad en el jueves 3 de octubre de 2019 el requerimiento se elaboró fuera del horario hábil (22:30 horas), y horas después de que se dio a conocer públicamente la renuncia del ahora ex ministro Eduardo Medina Mora, el oficio por el que la UIF requirió que la CNBV informara a las instituciones financiera el bloqueo de las cuentas bancarias arriba referidas.
Sin embargo, agrega, el oficio se envió y recibió en las oficinas de la CNBV el viernes 4 de octubre de 2019 a las 9:00 horas, como se comprueba con los acuses generados automáticamente por el sistema SIARA y con los que esta autoridad cuenta.
De lo anterior, indica, se observa que el bloqueo de cuentas bancarias del Medina Mora, se realizó después de su renuncia. Por lo demás, es importante señalar que el requerimiento para dejar sin efectos el bloqueo de cuentas respondió a procedimientos jurídicos internos llevados a cabo en el marco de la protección de derechos humanos, incluyendo los derechos de los trabajadores de las empresas, así como de usuarios del sistema financiero, cuya naturaleza es reservada y confidencial de conformidad con las leyes vigentes.
Finalmente, precisa, cabe agregar que la información contenida dentro de las investigaciones que la ley señale como delito es de carácter reservado, por lo que su contenido no puede darse a conocer, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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