El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que ya se cuenta con elementos claros para desmentir las versiones que señalaban que hubo comunicación entre policías y estudiantes de Ayotzinapa el día de su desaparición.
Sostuvo que en menos de seis meses el actual gobierno ha logrado hacer un análisis de todas las llamadas telefónicas de los primeros días después de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
"Después de revisar más de 84 millones de llamadas telefónicas, fuimos depurando la información para tener claramente hoy, la red de cómo se comportaron los grupos delictivos esa noche y cómo fue la operación del proceso de desaparición de los estudiantes", reveló.
Así lo señaló el sábado frente a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, quienes acudieron al 25 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan, ubicado en la ciudad de Tlapa, Guerrero.
Alejandro Encinas informó que tienen a disposición de la Comisión y de la Fiscalía especial a todos los elementos del Batallón de Iguala, con el objetivo de que rindan su declaración ministerial.
"Tenemos todos los expedientes y bitácoras de los movimientos de ese personal que durante años estuvieron negando, incluso del personal en retiro que estuvo al frente del batallón", comentó, de acuerdo con el comunicado que dio a conocer en sus redes sociales.
El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, indicó que han recibido información de testigos y de anónimos, por lo que no se minimiza ninguna de las líneas de investigación.
"Las vamos a desahogar partiendo de la línea fundamental de la búsqueda en vida y continuando con todas las líneas que nos permita deslindar responsabilidades para que aquellas autoridades que actuaron con negligencia, omisión o dolo, sean castigadas", puntualizó.
Asimismo, subrayó que se revisa el basurero de Cocula y en el Río San Juan para analizar la actuación de todas las autoridades involucradas en los hechos.
El subsecretario Encinas enfatizó que lo que suceda con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotiznapa, es el punto de partida para esclarecer las violaciones a los derechos humanos en todo el país.
Recalcó que toda desaparición debe ser esclarecida, pues todos los familiares tienen el derecho a conocer la verdad, y el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho.
A finales del mes pasado, Alejandro Encinas informó hoy que el área que él dirige dará seguimiento a las denuncias que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso contra 235 funcionarios por investigación indebida en el caso Iguala, donde desaparecieron 43 normalistas.
Los funcionarios acusados pertenecen a la Marina, la Policía Federal y Procuraduría General de la República, hoy extinta.
Además de Tomás Zerón, ex director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC); Abraham Eslava Arvizu, antiguo titular de la Unidad Especializada en Investigación de Robo y Asalto de Vehículo; Bernardo Cano Muñozcano, ex jefe de la Policía Federal Ministerial; Carlos Gómez Arrieta, ex titular de la Policía Federal Ministerial en Guerrero; y Guadalberto Ramírez Gutiérrez, quien comandaba la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la SEIDO.
De los servidores públicos mencionados en las denuncias, a 116 se les acusa de actos u omisiones en la investigación y a 119 por tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, informó José Trinidad Larrieta, titular de la Oficina Especial para el Caso Igual, de la CNDH.
Luego de la mesa redonda "La CNDH y la 4T", organizada por el Seminario sobre Violencia y Paz, Encinas pasó a la ronda de preguntas y respuestas y ahí no descartó que haya más funcionarios, pero a su parecer los más importantes están contenidos en las denuncias de la CNDH.
El subsecretario dijo que se está dando seguimiento al proceso de las acusaciones, algunas de las cuales ya venían definidas en la recomendación emitida a finales del año pasado. Además informó que están en la Fiscalía General de la República (FGR), en distintas áreas que tendrán que desarrollar la investigación para delimitar la responsabilidad de esas personas.
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