Más de mil hectáreas fueron destruidos a causa de los menonitas, la deforestación se realizó en la comunidad de San Fernando, El Bajío y El Paraíso, municipio de Bacalar, Quintana Roo.
Los menonitas no han recibido ninguna sanción económica y según la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) en los tres casos se resolvieron en sentido sancionatorio.
Las autoridades ejidales de Bacalar mencionaron que los representantes menonas solicitaron permiso para utilizar 900 hectáreas para su cultivo, pero se extralimitaron.
De igual forma la instancia señaló como responsable a las autoridades ejidales, según el informe de la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la dependencia federal.
En 2017 se devastaron 130.73 hectáreas en San Fernando; 637.5, en El Paraíso y 678.50 en el ejido El Bajío que suman mil 446.73 hectáreas.
Desde ese año los agricultores y apicultores del municipio de Bacalar, Quintana Roo, pidieron apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que frene la devastación de flora y fauna de la Selva Bacalar.
Según la Profepa, los autores del verdadero ecocidio han sido los menonitas, quienes han destruido varias hectáreas.
Habitantes del lugar señalaron que se pueden observar 200 hectáreas de la selva que han sido limpiadas con maquinaria. Los pobladores señalaron que ya se habían clausurado algunas parcelas y un camino, aunque esta medida no freno el trabajo de los menonas.
Este problema ha resurgido después de que en el 2017 los apicultores se preocuparan por la situación, ya que han escaseado de floración debido a la intensa sequía.
Y ahora con la devastación de árboles y flores ocasionadas por el grupo menonita, consideran que se afectará más a la actividad que desempeña.
El productor apícola Alberto Chí Puc, de la comunidad de Nuevo Jerusalén, mencionó que la intervención de la dependencia federal es necesaria para que se limite la devastación que se ha realizado.
"Ellos acostumbran a cultivar en grandes extensiones con sus maquinarias y para eso barren con todo lo que encuentran a su paso sin importarles que sean árboles o plantas de cualquier tamaño", aclaró.
En el 2008 el estado de Campeche, municipio de Hopelchén, una deforestación de casi 800 hectáreas de bosque tropical generó un operativo de inspección, vigilancia y decomiso de productos forestales ilegales, diversas Resoluciones Administrativas, verificaciones, aseguramientos de maquinaria, 18 denuncias penales ante la PGR y una multa de 2.8 millones de pesos.
Aún así nunca hubo consecuencias para nadie y ni tampoco se reparó el daño.
En el estado de Coahuila, en el municipio de Tierra Mojada, en 2013, la profepa advirtió la destrucción de 2,300 hectáreas de bosque templado en 23 predios menonitas donde se perpetró el cambio de uso de suelo sin ninguna autorización. Sin embargo, tampoco hubo consecuencias.
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