Ex relator de la ONU señaló que para pacificar a México es necesario romper el ciclo de impunidad

Por Kayleigh Bistrain Alcázar

En campaña Andrés Manuel López Obrador propuso una amnistía a líderes de los cárteles de la droga como una opción para pacificar México.

La amnistía, como explicó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es una medida jurídica por la cual se impide el enjuiciamiento penal o anulación de la responsabilidad de algunas personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de esta disposición. En otras palabras implica indulto o distinción de inmunidad.

En México, por ejemplo, el 22 de enero de 1994 el gobierno a través de la Cámara de Diputados decretó amnistía a favor de las personas que se levantaron en armas el 1 de enero de 1994 en Chiapas. Esa fecha ocurrió el pronunciamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Esta medida es importante a nivel mundial, tanto en regímenes autoritarios como en democráticos, porque ayudan a romper el ciclo de impunidad por las violaciones masivas o sistemáticas de los derechos humanos.

Juan E. Méndez, ex relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura, señaló que para romper con ese ciclo, además de buenas intenciones, se requiere una vocación política, institucional y un esfuerzo sostenido que termine con la impunidad de las violaciones cometidas, toleradas o consentidas por funcionarios del Estado.

Consideró que la complejidad del problema en México se debe a que enfrenta varias crisis simultáneas y conectadas entre sí: de violencia, de crimen organizado y de violación de derechos humano (DDHH). Y aunque el nuevo gobierno tiene intención de pacificar el país, E. Méndez calificó sus propuestas como poco claras, ya que no ha respondido a preguntas claves en torno a una amnistía como con quién se va a negociar y qué se va a negociar.

La administración de López Obrador tiene complicado esclarecer este punto porque su interlocutor son criminales del narcotráfico, el cual no es un grupo organizado con mando central y con el que se pueda negociar. Por si fuera poco, AMLO debe sujetarse al derecho internacional y las convenciones en las que el país está adherido o enfrentaría problemas con organismos internacionales por violar la protección de los derechos humanos y tratados que firmó.

El activista explicó que la amnistía está delimitada por el derecho internacional de los DDHH y convenciones como la de Ginebra. Esta medida debe tender a la desmilitarización, reducción de penas y despenalización de ciertos aspectos del crimen del narcotráfico con tal de que no incluyan impunidad en delitos de tortura, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales.

La amnistía es una de las medidas que puede ser aplicable en procesos de justicia transicional, como el que vive México. Los dos anteriores gobiernos, el de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y el Enrique Peña Nieto (2012-2018) optaron por combatir el narcotráfico militarizando al país, una decisión totalmente contraria a lo que propuso López Obrador.

En reiteradas ocasiones, el mandatario ha referido que su interés es el de pacificar el país. Por lo que su gobierno es considerado a ojos de otros países como de transición del conflicto armado a una situación de paz. Este proceso es denominado justicia transicional que surge, como explicó Juan E. Méndez, de la obligaciones de los Estados a responder a crímenes internacionales con la verdad, la justicia, la reparación de los daños y la medidas de no repetición.

De acuerdo con el ex relator de la ONU, estas acciones reconocen que la paz y la justicia deben reconciliarse y surgir una de la otra.

El ex relator de la ONU dijo a Infobae México que el tiempo de duración del proceso de justicia transicional es variable de un caso a otro. "La pretensión de que en seis meses se pueden resolver problemas históricos de violaciones a derechos humanos graves que, además, dejan heridas abiertas en la sociedad es una falacia".

Desde su punto de vista, la duración del mecanismo dependerá de las sociedades y lo que se quiera lograr. "Hasta que no haya una exploración exhaustiva de los hechos, búsqueda en formas de ofrecer reparaciones a las víctimas, medidas concretas de no repetición y hasta que no se rompa el ciclo de impunidad, la necesidad de justicia transicional será vigente".