El secreto detrás de las licitaciones: cómo se definen las ofertas en grandes contratos de arrendamiento vehicular

Las diferencias mínimas entre algunas ofertas y la distancia respecto a la propuesta más baja han encendido alertas entre especialistas

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NO UTILIZAR, SÓLO COMERCIAL MÉXICO (Cortesía Grupo Andrade)
(Cortesía)

El gobierno federal prepara una de las compras más grandes de vehículos para sus dependencias. A través de un esquema llamado compras consolidadas, la idea es que distintas instituciones junten sus necesidades para rentar miles de unidades bajo un solo contrato, lo que debería permitir mejores precios y condiciones.

El proceso, encabezado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), busca cubrir necesidades de más de 90 dependencias y entidades durante los próximos cuatro años. Esta licitación pública, que apenas está en marcha, ha llamado la atención tanto por la cantidad de vehículos implicados como por la forma en que las empresas participantes presentaron sus ofertas.

Organizaciones y especialistas siguen de cerca el desarrollo del concurso, ya que las diferencias entre los precios ofertados por algunas compañías podrían indicar posibles prácticas de coordinación, lo que pondría a prueba la transparencia y efectividad de este tipo de compras del gobierno.

El tamaño de la contratación

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dirigida por Edgar Amador, lanzó una licitación pública para arrendar vehículos a más de 90 dependencias y entidades federales por 48 meses. Este contrato cubriría de 2026 a 2030 y abarca desde sedanes y camionetas, hasta tractocamiones, autobuses y vehículos especializados.

La licitación, identificada como LA-06-400-006400001-N-11-2026, establece que el gobierno necesita al menos 10,422 vehículos y podría llegar hasta 18,217 unidades. Todo esto se agrupa en 30 partidas diferentes, según el tipo de vehículo.

Primer plano de una mano con manga de traje oscuro escribiendo con un bolígrafo sobre un documento en un escritorio, con una silueta humana desenfocada al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo de las compras consolidadas es juntar la demanda del gobierno para buscar mejores precios, aprovechar las ventajas de comprar en grandes cantidades y hacer un gasto público más eficiente.

El proceso tiene tres fechas clave:

  • El 10 de julio se recibieron y abrieron las propuestas.
  • El 31 de julio se dará el fallo para elegir a los ganadores.
  • El 28 de agosto comenzará el contrato.

En la apertura de propuestas participaron 11 empresas, como A2DAHT Health México, Capital Rent, Casanova Vallejo, Grupo Turbofin, Impulsa Tu Ganancia, Integra Arrenda, Jet Van Car Rental, Lumo Financiera del Centro, Metric and Cars, Supervisión Técnica del Norte, y una propuesta conjunta de Ferbel Norte y Soluciones Integrales e Innovación Tecnológica Sustentable.

Las diferencias entre ofertas

En los documentos públicos del proceso, se observa que empresas como Casanova Vallejo, Grupo Turbofin e Impulsa Tu Ganancia presentaron precios muy parecidos entre sí, con diferencias promedio de apenas 3.4% en las partidas donde participaron juntas. En algunos casos, la diferencia fue de solo 0.1%, 1% y 1.3%.

Sin embargo, al comparar sus propuestas con la oferta más baja en cada partida, sus precios resultan en promedio 2.8 veces más altos, con diferencias que van de 2.1 a 4.5 veces según el tipo de vehículo.

Por ejemplo, en la partida de sedanes, la propuesta más baja fue de $6,270 mensuales por unidad. En cambio, Casanova Vallejo ofreció $17,800, Grupo Turbofin $17,505 e Impulsa Tu Ganancia $17,320.

Expertos en competencia económica comentan que cuando varias ofertas son muy similares entre sí y mucho más altas que la más barata, esto puede ser una señal que se analiza en investigaciones sobre posibles acuerdos entre competidores. Sin embargo, este patrón por sí solo no prueba que haya habido una conducta ilegal. Para determinarlo, se necesita una investigación formal de las autoridades.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ley Federal de Competencia Económica prohíbe los acuerdos entre empresas para coordinar precios, y la Ley de Adquisiciones prevé sanciones si se comprueba este tipo de conducta.

En este contexto, corresponde a dependencias como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Comisión Nacional Antimonopolio, la Fiscalía General de la República y otras autoridades decidir si los datos del proceso justifican abrir una investigación.

Por ahora, la licitación está en la etapa de evaluación de propuestas y el fallo se dará a finales de este mes. Este proceso es un reto para el esquema de compras consolidadas del gobierno, tanto por su tamaño como por las señales que dejaron las ofertas.