Desde su entrada en vigor en 2023, la Ley de Utilidad Pública (Ley 2292) ha permitido que 274 mujeres cabeza de hogar en Colombia cumplan sus condenas a través de servicios comunitarios, en lugar de prisión, bajo supervisión judicial. De acuerdo con el Gobierno Nacional, el mecanismo busca reducir el impacto social que la prisión tiene de manera diferenciada sobre mujeres que viven en contextos de vulnerabilidad, lo que también se expresa en efectos adversos para las familias donde las mujeres son las principales cuidadoras.
La medida se aplica exclusivamente en casos de delitos específicos y está condicionada a que las mujeres condenadas acrediten situaciones de vulnerabilidad, precariedad económica o de exclusión social y demuestren responsabilidad directa sobre menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad.
De acuerdo con cifras oficiales, no se han registrado casos de reincidencia entre las mujeres que han accedido a este sustituto.
Así funciona el servicio comunitario como alternativa a la prisión
Una vez aplicado el sustituto, la mujer cumple actividades de servicio comunitario no pagadas en libertad, cada mujer ocupa una “plaza de utilidad pública” en entidades receptoras como instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.
El plan de trabajo establece que cada cinco horas de servicio comunitario equivalen a una semana de condena cumplida. Las mujeres pueden realizar entre cinco y 20 horas semanales, bajo estricta supervisión de las autoridades judiciales y del personal de las entidades receptoras. Si la participante incumple injustificadamente, un juez puede revocar el sustituto y ordenar la privación de libertad.
Las plazas de utilidad pública están distribuidas a lo largo del país. Los servicios comunitarios incluyen el mejoramiento de espacios públicos, apoyo en iniciativas ambientales y tareas de acompañamiento en programas sociales que sean de interés general.
Requisitos para las mujeres que esperan acceder al sustituto
Para acceder a la Ley de Utilidad Pública, las mujeres deben cumplir con las siguientes condiciones:
- Ser cabeza de hogar.
- Demostrar que, al momento de los hechos, eran responsables principales del cuidado de menores, adultos mayores o personas con discapacidad o enfermedades graves.
- Acreditar condiciones de marginalidad o exclusión social en el contexto de la comisión del delito.
- Manifestar su voluntad de acogerse al mecanismo.
- Haber sido condenadas por delitos contemplados en la ley, o que la pena impuesta no supere los ocho años de prisión.
La medida no aplica para condenas por violencia intrafamiliar ni para casos en los que se haya utilizado a menores de edad en la comisión del delito.
Impacto y alcance del programa
De acuerdo con cifras oficiales, actualmente 187 mujeres realizan servicios comunitarios en entidades habilitadas, mientras que 39 ya han cumplido la totalidad de su sanción mediante este sistema.
En total, más de 700 personas —principalmente hijos menores de edad y adultos dependientes— han reducido los impactos negativos al evitar la separación de sus cuidadoras principales.
El país cuenta con 2.557 plazas de utilidad pública habilitadas, aunque las autoridades estiman que cerca de 5.900 mujeres podrían acceder al mecanismo si se amplía su cobertura.
Un mecanismo en expansión dentro del sistema penal
La Ley de Utilidad Pública se enmarca en las estrategias del sistema penal colombiano para enfrentar el hacinamiento carcelario y ofrecer alternativas en casos de delitos de menor gravedad, con un enfoque de género y orientado a la justicia restaurativa.
Actualmente, su implementación enfrenta retos como el fortalecimiento del acompañamiento psicosocial, la consolidación de programas de inclusión social y laboral para las mujeres que cumplen una condena por medio de estos servicios, así como la necesidad de reducir la estigmatización contra esta población..
En ese contexto, el Gobierno Nacional ha priorizado la expansión del programa mediante la habilitación de nuevas plazas en distintas regiones del país y la formación de operadores judiciales en justicia restaurativa, además del refuerzo de los procesos de acompañamiento a las mujeres vinculadas al mecanismo.
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