
La Defensoría del Pueblo, en uno de sus más recientes reportes, informó que, en promedio, son 17 los líderes sociales que son asesinados por mes en lo que va del año 2022. En otras cifras, se han contabilizado 136 muertes violentas. A esto se le suma que, destaca ese organismo, se vio un aumento de 27 casos respecto a lo ocurrido durante los primeros ocho meses del 2021. La información fue entregada por parte del jefe de esa institución, Carlos Camargo, durante su paso por Caloto, en el Cauca.
“En el Día Nacional de los Derechos Humanos quiero reiterar mi rechazo a los homicidios contra líderes y lideresas sociales y contra personas defensoras de derechos humanos porque estos crímenes afectan de manera grave a las comunidades que representan, y porque buscan silenciar las voces de quienes le dan vida diariamente a la democracia en los territorios”, aseguró Camargo en su intervención.
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Según destacó, y según expuso en el Mapa Nacional de Vulneraciones a los Derechos Humanos, Cauca es uno de los departamentos más afectados por este tipo de delitos. A esa zona del país se suman 19 asesinatos cometidos entre enero y agosto. Seguido a este territorio están Nariño, con 21 casos, y Antioquia con 15.
Le siguen Putumayo (12), Arauca (9), Valle del Cauca (9) Bolívar (8), Tolima (6), Caquetá (5), Norte de Santander (4), Cesar (4), Chocó (3), Meta (3), Sucre, San Andrés, La Guajira, Santander, Risaralda, con dos casos cada uno; y Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Casanare, Guaviare, Córdoba, Magdalena y Bogotá, con uno cada uno.
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Las principales víctimas son líderes comunales, población que ha recibido 38 acciones violentas de este tipo; líderes indígenas, con 31 casos; líderes comunitarios, con 25; y campesinos o agrarios, 11. “Estamos ante una oportunidad histórica para establecer una ruta de diálogo que nos permita alcanzar la paz que tanto anhelamos, pero para ello necesitamos una clara voluntad de paz de todos los actores armados”, detalló el funcionario.
“En este escenario, el mejor gesto de paz que podrían hacer los grupos armados ilegales es ponerle fin a los asesinatos de quienes ejercen el liderazgo y defienden los derechos humanos en las comunidades”, añadió el Defensor del Pueblo.
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”El mapa que presentamos hoy muestra que de los 136 homicidios registrados, el 81 por ciento de los municipios donde ocurrieron los hechos tenían por lo menos una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, por lo cual reitero mi llamado a las instituciones para acatar las recomendaciones que allí consignamos, dado que su vocación es inminentemente preventiva”, destacó el defensor en su exposición.
Es de recordar que, este mismo mes, los ministerios del Interior y de Defensa presentaron los “Puestos de Mando Unificados por la Vida”, aquellos con los que, precisamente, se espera proteger la vida de esta población afectada. “Son múltiples las alertas tempranas que recaen sobre sus municipios, se torna imperativo que sean ustedes quienes coordinen, presidan y dirijan cada Puesto de Mando Unificado Por la Vida”, se lee en una circular que fue dirigida a alcaldes y gobernadores.
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En el documento se solicita a “todas las autoridades del orden nacional que hagan presencia en sus territorios, dictando los lineamientos que permitan el restablecimiento del orden público y por ende la protección de la vida de la población en riesgo”. Se expone que la idea será dar “protección inmediata a esta población, identificar los factores de riesgo, crear una hoja de ruta y cronograma de actividades en materia de prevención y protección, y llevar a sus territorios toda la institucionalidad nacional”.
Fue el pasado jueves cuando se reportó del homicidio del exguerrillero Reude Suárez Guerrero. El hombre fue tiroteado en su casa ubicada en el municipio de Tibú. Tenía de 34 años y estaba vinculado a la Asociación para la Reconciliación y Paz en el Catatumbo (Repazcat).
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