
A lo largo de la jornada del miércoles 5 de agosto de 2026, en Medellín se realizó una audiencia pública de seguimiento a la medida cautelar que emitió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la comuna 13 y La Escombrera, con la que dictó órdenes a distintas entidades del Estado colombiano, responsables en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, particularmente en esta comuna, entre 1978 y 2016.
Y es que, entre 1978 y 2016, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP registró 459 víctimas de desaparición forzada en la comuna 13. Solo en 2002, en el contexto de operaciones militares como Orión, se reportaron 200 casos tras los enfrentamientos entre la fuerza pública, el Bloque Cacique Nutibara y milicias guerrilleras, como parte del despliegue de la política de la Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
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Por eso, en garantía de la justicia, la búsqueda, la verdad y la memoria, las disposiciones impartidas por la jurisdicción incluyeron la protección de estos sitios, en los que aún persisten búsquedas de cuerpos enterrados de personas reportadas como desaparecidas.
Estas medidas cautelares fueron dictadas por la jurisdicción con el Auto AI-010 del 20 de agosto de 2020 —y sus consiguientes prórrogas— con el que se prohibió cualquier actividad en los lotes de La Escombrera y La Arenera y se exigió la búsqueda de víctimas.
El encuentro tuvo lugar en el Centro Administrativo La Alpujarra, y allí acudieron representantes de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, delegados de los Ministerios del Interior y Hacienda: así como del Departamento Nacional de Planeación (DNP); y la empresa Construcciones El Cóndor.
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Pero también hicieron presencia familiares de las víctimas. Luz Enith Franco, esposa de Arles Edison Guzmán —uno de los desaparecidos— ofreció su testimonio en el evento. Relató que su cónyuge tenía 29 años cuando fue desaparecido en la Comuna 13, el 30 de noviembre de 2002.
“Quiero dejarles una frase: mientras exista alguien que los nombre, busque y ame, jamás serán olvidades. Por eso digo su nombre en todas partes: Arles Edison Guzmán. La búsqueda debe continuar”, dijo.
Luz Elena Galeano, también víctima, en nombre de la Organización Mujeres Caminando por la Verdad expresó: “Para nosotras la memoria no es un ritual vacío ni decoración, es en sí misma un acto político y reivindicativo, mediante el cual nos oponemos a que el silencio y la impunidad se impongan frente a la verdad”.
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Por esto, el magistrado de la JEP Gustavo Salazar, relator de las medidas cautelares sobre la Comuna 13, dino que “luego de 25 años de búsqueda, un proceso judicial de 8 años, 2 años continuos de excavación, 63 mil metros cúbicos movidos, la verdad se ha revelado terca y contundente”. Incluso, se conoció que se prorrogaron las medidas cautelares hasta que se concrete el proyecto.
Qué ha pasado con el cumplimiento de las medidas dictadas
En primer lugar, en la audiencia se dio parte del proyecto de memorialización y monumentalización de estos dos puntos, para lo cual, el Ministerio de Cultura explicó “el diseño, la participación de las víctimas, la ubicación de las estaciones de memoria, los costos, la viabilidad y el cronograma de este proceso”.
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Pero esta etapa no puede ponerse en marcha, hasta que la búsqueda de cuerpos haya finalizado. Julián Baracaldo, antropólogo forense del Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, reveló que la intervención del polígono protegido en La Escombrera, en su quinta fase ya tiene un 97% de avance en el cumplimiento.

“Hemos movilizado más de 48 mil metros cúbicos (…). Podríamos estar en el escenario de documentación final de toda la superficie del polígono de la Fase 5 en la última semana de agosto”, señaló
También aclaró que espera para la fase 6, que “inicia con la instalación de instrumentos de medición (inclinómetros) para mitigar riesgos con el talud y la demolición de una unidad de un canal de aguas. Tenemos los cálculos de movilizar 32 mil metros cúbicos de material, lo cual podría demorar entre 16 y 20 meses de trabajo”.
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En ese contexto, se conoció que hasta el momento la búsqueda judicial logró la recuperación, identificación y entrega digna de los cuerpos de siete víctimas, cuyos familiares estuvieron en la diligencia.
La transformación de estos espacios en monumentos para la memoria
Según Alejandra Sarria, coordinadora del Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio de Cultura, ya avanzan las intervenciones de los puntos para crear los espacios del proyecto de monumentalización.
Para ello, la cartera usó “una metodología de co-creación con las organizaciones de víctimas, quienes han decidido los conceptos, lógicas, lugares y maneras”, en las que se configuró el proyecto enfocado en visibilizar los relatos de las víctimas de desaparición forzada.
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La propuesta contempla la creación de un espacio de memoria en La Escombrera y una ruta con intervenciones artísticas a lo largo de la Comuna 13. El recorrido inicia en el Ágora de las Piedras, donde se honra la memoria de las mujeres buscadoras y el trabajo de las organizaciones de víctimas.
Continúa en La Silueta Portón, un sendero marcado por siluetas que representan a las personas desaparecidas. El siguiente espacio, llamado La Grieta o Herida, simboliza los hechos victimizantes a través de un recorrido tipo laberinto con información cronológica y número de víctimas.
El trayecto concluye en el Recinto de la Memoria, un pabellón ideado como símbolo de esperanza y justicia, que servirá como galería para retratos, exposiciones y encuentros de la comunidad, reuniendo los hallazgos del proceso forense y promoviendo la reparación y la no repetición.
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Para los efectos de este proyecto, desde el Gobierno nacional y Alcaldía de Medellín se confirmó que se están respaldando todas las acciones, a la vez que se están priorizando recursos con el fin de cubrir todos los requerimientos.
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