Procuraduría indaga por el material de las colchonetas de la cárcel de Tuluá tras el incendio donde murieron 53 personas

El delegado de Derechos Humanos del ente de control revisa si el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) cumplió con los requerimientos exigidos para los equipamientos y elementos de emergencia del penal

La Procuraduría indaga si en la cárcel de Tuluá (Valle del Cauca) el mobiliario estaba cumpliendo con los requisitos exigidos por los manuales técnicos del Inpec y el Uspec. Foto: AFP
La Procuraduría indaga si en la cárcel de Tuluá (Valle del Cauca) el mobiliario estaba cumpliendo con los requisitos exigidos por los manuales técnicos del Inpec y el Uspec. Foto: AFP

El delegado de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación, Javier Augusto Sarmiento, analiza si el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) cumplió con las especificaciones técnicas que se requieren para los equipamientos del penal de acuerdo con la normatividad e indaga sobre el material de las colchonetas, así como del estado de los elementos de emergencias dentro del penal en el que pasado martes 28 de junio hubo un incendio, tras una riña entre privados de la libertad, donde murieron 53 personas.

En el informativo de televisión Noticias Uno consultaron con el funcionario quien señaló que revisan si establecimiento contaba con lo necesario para atender siniestros.

“(Estamos) verificando si contaban con extintores, como aspersores de agua y todo el sistema de emergencias. Recordemos que esta esta estructura data de 1972, por lo que es bastante antigua y al parecer no contaba con todos estos elementos como lo indica la normatividad”, explicó.

Sarmiento indicó que existen manuales específicos dentro del Inpec y la Unidad Nacional de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) en los que se indica el tipo de mobiliario que deben estar dentro del penal, y puso la lupa sobre los colchones que tenían los privados de la libertad, que se supone tienen que estar hechos en material no inflamable. No obstante, esa información no la habría proporcionado la entidad penitenciaria.

”Estas colchonetas deben contar con unas especificaciones técnicas muy precisas. Eso existe una ficha en la unidad de servicios para inventario y aquí no se pudo recopilar nada”, sostuvo Sarmiento.

En Noticias Uno, además, indicaron que si bien el incendio, en principio, lo provocaron los privados de la libertad que iniciaron la riña dentro del penal, el posible incumplimiento de la normatividad de los equipamientos habría catalizado la tragedia.

“No brinda las condiciones mínimas, los otros pabellones del piso dos y los pasillos que hay en el piso uno, no brindan los mínimos que señala la Corte Constitucional o para la vida en reclusión”, aseguró.

El delegado de la Procuraduría indicó en el noticiero que cuentan incluso con los registros de las cámaras de vigilancia del establecimiento carcelario para analizarlo con detalle.

“Más de 60 horas de video del circuito cerrado de televisión. Recopilamos toda la documentación administrativa que soportan el funcionamiento del establecimiento penitenciario. El orden del día, quiénes estaban de turno, quiénes estaban de descanso, quiénes estaban con disponibilidad, quienes estaban excusados, esto en términos de integrantes del Inpec”, agregó.

Precisamente, en la visita que se realizó el pasado jueves 30 de enero la Procuraduría pidió que se estudie la posibilidad de cerrar su infraestructura antigua, que comprende tres pabellones y dos pasillos y tiene la capacidad de acoger a 400 internos.

Dicha solicitud fue elevada al Inpec, Uspec, la Gobernación del Valle del Cauca, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Desastre (UNGRD), y a la Alcaldía de Tuluá.

Esta estructura no cuenta con las condiciones mínimas, con los estándares mínimos de lo que se denomina vida en reclusión. Falta ventilación, hay oscuridad, y muchos otros elementos que nos hacen solicitar que se evalúe a la mayor brevedad el posible cierre o sellamiento de esta infraestructura muy antigua”, dijo Sarmiento.

El propósito de la solicitud fue de garantizar la vida de las personas privadas de la libertad y teniendo en cuenta que preliminarmente se pudo establecer que la estructura puede estar afectada por el incendio.

Mientras tanto, las personas que se encontraban en esos pabellones fueron trasladadas a las celdas de visitas conyugales y a otro patio dentro de la cárcel, antes de que se concrete el traslado de 350 reclusos a centros penitenciarios de otras ciudades, según lo indicó el director del Inpec, el general Tito Castellanos.

Los reclusos serían llevados a otros centros penales en Ibagué, Calarcá, Armenia, Manizales, Pereira, Cartago, Cali, Jamundí, Palmira, Caicedonia y Buga.


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