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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó con 2.877 millones de pesos a las compañías que afectaron a varios de sus clientes. En el caso de Claro, bajo la representación de la firma Comunicación Celular S.A - COMCEL S.A, en Colombia, la multa fue causada por incurrir en publicidad engañosa, puntualmente por las campañas: “¿miedo? ni que mis redes gastaran datos” y “Elijo disfrutar sin límites lo que me gusta”.
En estas campañas la SIC asumió el rol de autoridad nacional de protección al consumidor y determinó que Claro incluyó cláusulas abusivas las cuales les ‘eximían’ de responsabilidad por cobros que se pudieran generar para los usuarios, debido al uso de algunas funcionalidades en aplicaciones de redes sociales, las que estarían generando consumo en el plan de datos, a pesar que en sus propagandas aseguraban que eso no ocurriría.
“Se pudo establecer que el operador no cumplía con la información objetiva señalada dentro de las piezas publicitarias analizadas, pertenecientes a las campañas mencionadas previamente, pues aun cuando se indicó que el uso de las aplicaciones Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter no generaba consumo de datos, por el contrario, el uso de algunas funcionalidades de las aplicaciones – como las de iniciar sesión, hacer llamadas o videollamadas y transmitir en vivo – sí generaba consumo de los datos de los planes móviles de los usuarios”
El incumplimiento de su promesa de venta hizo que Claro incurriera en publicidad engañosa, por lo que deberá pagar una multa de 1.534 millones de pesos. Además, la entidad demostró que la compañía de telecomunicaciones, para justificar la imposibilidad de cumplir con lo prometido en los comerciales, emitió cláusulas para desligarse de cualquier responsabilidad, delegándosela a la operación de la aplicación en cuestión.
En el caso de Tigo, la SIC encontró prácticas que desconocen el derecho de los usuarios a mantener la titularidad de sus líneas móviles, reutilizando o reciclando dichas líneas sin los respectivos trámites legales requeridos, modificando unilateralmente los contratos y desatendiendo los requerimientos de información exigidos por las autoridades al momento de realizar las investigaciones de dichas irregularidades.
“Luego del respectivo proceso de investigación realizado por la Delegatura de Protección al Consumidor de la SIC, se pudo establecer que TIGO habría optado por realizar cambios en la titularidad de las líneas móviles de sus usuarios en modalidad prepago, sin que antes hubiesen pasado dos meses de inactividad del número de la línea móvil – es decir, sin realizar ni recibir llamadas, sin cursar tráfico de datos, sin enviar ni recibir SMS y, sin hacer recargas, ni tener saldos vigentes – y sin dar previo aviso a los usuarios. De este modo, dispuso libremente de las líneas en modalidad prepago que eran propiedad de sus usuarios, en contravención de las reglas previstas en la regulación vigente”, explicó la Superintendencia de Industria y Comercio
La entidad agregó que en algunos planes de internet y telefonía móvil cambiaron las condiciones contractuales sin el consentimiento de sus usuarios, argumentando una modificación tecnológica en la compañía, que además de ser prohibida por la ley, empeoró la calidad del servicio.
Es por esto que Tigo, representada por la firma Colombia Móvil S.A, deberá pagar la suma de 1.343 millones de pesos.
En lo corrido del año la SIC ha emitido varias sanciones contra las empresas de telefonía móvil, principalmente por el incumplimiento de los servicios y acuerdos contractuales con sus usuarios. Además, se han emitido sanciones, por ejemplo, por enviar mensajes de texto publicitarios sin autorización del consumidor.
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