JEP llamó a ocho exmilitares a reconocer responsabilidad por crímenes contra la Unión Patriótica y guerrilleros en Bogotá

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que llamó a ocho antiguos integrantes del Ejército Nacional a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio contra la Unión Patriótica (UP), cometidos en Bogotá entre 1985 y 1993.

La decisión hace parte de los Casos 06 y 08 de la JEP, en los que la Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que antiguos miembros del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (Coico), posteriormente Brigada XX, participaron en dos patrones criminales y que la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte) conoció los hechos investigados.

El primer patrón incluyó presuntas estigmatizaciones, seguimientos, amenazas y asesinatos contra dirigentes y militantes del partido de izquierda. El segundo comprendió detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de integrantes del M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Farc-EP, quienes, de acuerdo con la información del tribunal, fueron atacados cuando estaban fuera de combate.

La JEP determinó 14 hechos con 18 víctimas en el caso de la UP y 13 hechos con 15 víctimas en el patrón dirigido contra integrantes de las organizaciones insurgentes.

Un presunto aparato clandestino dentro de la inteligencia militar

El Auto de Determinación de Hechos y Conductas SUB I-L 002, emitido el 10 de noviembre de 2026, señaló que las unidades de inteligencia estratégica recogían información sobre personas previamente definidas como blancos, realizaban monitoreos y coordinaban operaciones clandestinas.

“La COE realizó seguimientos, vigilancias y controles sobre personas identificadas como blancos. En varios casos, esas actividades desembocaron en privaciones de la libertad, interrogatorios bajo tortura, desapariciones forzadas y homicidios”.

La investigación se apoyó en 23 versiones voluntarias de antiguos integrantes de inteligencia militar, nueve declaraciones bajo juramento, 17 expedientes de la justicia ordinaria, penal militar y disciplinaria, además de archivos de la Brigada XX. La Sala también escuchó a 37 víctimas en julio de 2026.

Sobre la Unión Patriótica, la JEP concluyó que la inteligencia militar contribuyó a reproducir el señalamiento que vinculaba al partido legal con las Farc-EP. La providencia precisa que la violencia contra la colectividad no se atribuye de forma exclusiva a la Brigada XX, pues también habrían participado grupos paramilitares, integrantes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), miembros de la Policía y otras unidades militares.

Fueron seleccionados como máximos responsables

La Sala seleccionó como máximos responsables a los sargentos mayores retirados Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita; los sargentos viceprimeros retirados Julio Roberto Ortega Araque y Bernardo Alfonso Garzón Garzón; el coronel retirado Carlos Armando Mejía Lobo; el teniente coronel retirado Camilo Pulecio Tovar; el coronel retirado Óscar Diego Sánchez Vélez; y el brigadier general retirado Álvaro Hernán Velandia Hurtado.

Hernández González y Angarita deberán responder, según la JEP, por homicidio, tortura y violación como crímenes de guerra, además de asesinato, tortura, violación, deportación y desaparición forzada como crímenes de lesa humanidad.

Sánchez Vélez y Velandia Hurtado fueron llamados a responder, entre otros cargos, por genocidio contra la Unión Patriótica. La JEP estableció que Sánchez Vélez contribuyó a mecanismos de estigmatización contra integrantes de ese partido, mientras que Velandia Hurtado habría conocido y consentido crímenes cometidos por subordinados contra personas insurgentes.

La Sala remitió de forma temprana al general retirado Iván Ramírez Quintero a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. El tribunal sostuvo que tomó esa decisión por su presunta participación determinante en ambos patrones y por su negativa a aportar verdad plena.

Deberán entregar información sobre personas desaparecidas

La providencia también ordenó a los ocho exmilitares presentar, en un plazo de 15 días hábiles, un plan con información para contribuir a la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de las personas desaparecidas.

La Sala identificó 10 víctimas de desaparición forzada en los hechos investigados, de las cuales cinco continúan desaparecidas, según el comunicado. El plan deberá aportar datos sobre lugares, rutas, unidades, personas que puedan conocer los hechos y posibles sitios de inhumación.

Los comparecientes tienen el mismo plazo para comunicar si reconocen verdad y responsabilidad o si controvierten las conclusiones de la Sala. Si reconocen los hechos y realizan aportes suficientes a la verdad, la JEP podrá remitir una resolución de conclusiones al Tribunal para la Paz para definir sanciones restaurativas.