Consejo de Estado negó demanda contra delimitación de Laguna Verde y el páramo de Guargua en Cundinamarca

El tribunal supremo dejó en firme el veredicto que clasificaba como reserva forestal tanto al páramo de Guargua y la Laguna Verde en los municipios de Cogua, Tausa y Carmen de Carupa, en el departamento de Cundinamarca. Uno de los argumentos para la nulidad es el hecho de que se le impidió a la comunidad participar en el proceso de consulta, con información falsa e incompleta.

En la Sala de lo Contencioso Administrativo en la Sección Primera, caso que tenía como ponente a Nubia Margoth Peña Garzón aceptó la demanda interpuesta por 6 personas, que manifestaron, además, que se estarían violando los derechos fundamentales de “grupos vulnerables”, dentro de los que se consideran adultos mayores y niños, toda vez que la delimitación estaría invadiendo las propiedades de ciertas comunidades, impidiéndoles realizar actividades las cuales son base para sustento económico.

Dentro de las pruebas que encontró el Concejo, se determinó que la comunidad se había opuesto de forma ‘vehemente’ y reiterada al fallo administrativo que pretendía establecer la delimitación, además, que dicho acto desconoció los requerimientos legales del mencionado proceso.

Uno de los puntos determinantes de esta nulidad es el hecho de la consulta popular que se hizo en la comunidad, donde participaron unas 150 personas de 4 municipios de Cundinamarca, proceso que la Corporación Autónoma Regional no debía realizar, pero, que demostraría la tramitación y análisis de la participación de las comunidades, aunque, esto no condicionara a una voluntad legítima de la ciudadanía, por lo que no se podía desestimar el derecho a gozar un ambiente sano para estos territorios.

Según el tribunal, las normas que se violaron están claramente reseñadas y protegidas por la Constitución Política, siendo el Ministerio del Medio Ambiente la entidad encargada de garantizar los derechos como el de la participación de la comunidad en la política ambiental.

El tribunal le solicitó a la CAR que transmita estos casos a las entidades estatales correspondientes, ya que algunos organismos territoriales son los que tienen la competencia para coordinar estos trámites, principalmente como en el caso del municipio de Tausa, población que sería la mayormente afectada en caso de no emitirse la nulidad, ya que era la qué más área intervenida tendría en su territorio.

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