
Un comité de la Alcaldía de Bogotá y un grupo de representantes de la comunidad indígena que en este momento está alojada en el Parque Nacional, ubicado en el centro de la capital, llegaron a un acuerdo sobre su permanencia en este lugar en una reunión sostenida este jueves 5 de mayo.
A la primera reunión asistieron el viceministro del Interior, Carlos Baena, el secretario de Gobierno distrital, Felipe Jiménez Ángel, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, la Personería de Bogotá, una vocera de la Comisión de la Verdad y representantes de las quince comunidades que permanecen allí.
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En esta primera reunión, según información a la que tuvo acceso el periódico nacional El Tiempo, llegaron al compromiso de desalojar este sitio tradicional de la ciudad a partir de la próxima semana. Con esta decisión se pondría fin a una ocupación que lleva 220 días hasta el momento.
En un video difundido por las redes sociales de la alcaldía, Felipe Jiménez agradeció la mediación de estas entidades y sugirió la posibilidad de que “entre el día de hoy y el día de mañana logremos un acuerdo y podamos culminar y atender de manera eficaz la problemática del Parque Nacional”.
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“La jornada de hoy fue supremamente positiva: de diálogo, de generar confianza, de buscar puntos comunes y realmente ha sido muy constructivo, de modo que esperamos que mañana podamos tenerles unas excelentes noticias a todos aquí en Bogotá y en el país en general”, dijo el viceministro Baena.
Un representante de la comunidad indígena dijo: “Agradecemos enormemente el esfuerzo que se encuentra haciendo la nación y el distrito para que efectivamente lleguemos a unos acuerdos, los cuales no solamente beneficiarán a los quince pueblos que están ahí, sino a toda la ciudadanía de Bogotá”.
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En teoría, la segunda reunión estaría teniendo lugar al cierre de este artículo y se centraría en los detalles logísticos de este traslado hacia sus lugares de origen, como Chocó y Risaralda. Una vez definido esto, se haría pública la decisión de levantar el campamento Bakatá.
La reunión
Según declaraciones dadas por Jiménez al inicio de la semana, con estas reuniones buscarán “llegar a acuerdos basados en el Plan de Desarrollo Distrital y apoyar a las comunidades indígenas ubicadas en el Parque Nacional desde septiembre de 2021″.
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El funcionario recordó que el distrito ha propiciado los servicios de educación, salud y recreación a la comunidad emberá que se asentó en el Parque Nacional. Esas acciones se dieron después de que un juzgado de pequeñas causas de la capital admitiera una tutela interpuesta por el personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, por vulneración de derechos.
El juez le ordenó al distrito otorgar todas las medidas de atención y asistencia humanitaria integral en materia de salud, seguridad alimentaria, salubridad y suministro de agua potable que garantizaran su bienestar. Asimismo, debían garantizar un alojamiento transitorio, como lo es la Unidad de Protección Integral (UPI) en la Florida, junto con la caracterización de la población para lograr el retorno a sus territorios de origen.
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“En las últimas horas fuimos notificados por el juez de segunda instancia de la nulidad de la tutela. En este nuevo escenario, podemos encontrar una solución estructural que permita el goce efectivo de los derechos de esta población y también una buena utilización del espacio público”, comentó Jiménez.
Por su parte, el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, aseguró que, “desde el primer día el Gobierno nacional ha estado atendiendo a esta población con todas las garantías”. Asimismo destacó su compromiso por llegar a soluciones a través del diálogo; posición que compartió Ramón Alberto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional para la Atención a las Víctimas (AURIV), “consideramos que lo mejor es que estén en su territorio; mientras tanto, continuaremos con nuestra oferta institucional”.
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El alto consejero Distrital de Paz, Vladimir Rodríguez, afirmó que es necesaria una política integral en los territorios para solucionar los problemas que vive la comunidad. “De la mano con la Nación y la Secretaría de Hábitat venimos construyendo alternativas para que aquellos beneficios a los que tienen derecho las víctimas del conflicto, de especial protección, se desarrollen en donde corresponde, con las autoridades ancestrales y en sus resguardos”, puntualizó el funcionario.
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