
Desde Florencia (Caquetá), la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (CDDHHPI) rechazó y denunció la ausencia del Estado colombiano durante la primera sesión descentralizada de la comisión del año. La autoridad indígena señaló en su denuncia que el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, es la institución encargada de presidir e instalar esta sesión.
Durante este encuentro se busca impulsar acciones e iniciativas para garantizar los principios de autonomía y gobierno propio de los pueblos indígenas, a través de un diálogo. Por su parte, el ministerio se excusó de su ausencia argumentando “problemas de orden público”. Desde la CDDHHPI señalan que este argumento no es válido, ya que “la fecha y lugar fueron acordados desde noviembre de 2021″.
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Desde hace 35 años esta comisión es la encargada de enfrentar y dar respuesta a las vulneraciones e infracciones en contra de los pueblos originarios. Nació a partir de las luchas del movimiento indígena y se estableció en el decreto 1396 de 1996, y entre sus tareas está hacer seguimiento e impulsar las investigaciones penales y disciplinarias que se lleven a cabo en relación con las violaciones graves de los derechos humanos de los indígenas.
Esta comisión es considerada dentro de las comunidades ancestrales como una estrategia de avanzada y destacada del movimiento social, ya que es la única que reúne a grupos étnicamente diferenciados.
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En su denuncia la CDDHHPI también advirtió a las instituciones nacionales e internacionales, “de la desidia con la que actúa el Estado colombiano frente a la situación reiterada y sistemática de violaciones de derechos humanos en el departamento de Caquetá, donde se están presentando masacres, homicidios, reclutamiento forzado, desplazamientos, confinamientos, violaciones al derecho internacional humanitario, con presencia permanente de grupos armados que ponen en riesgo nuestra pervivencia física, cultural y territorial., ”, según el comunicado.
Entidades nacionales como la JEP y la Defensoría del Pueblo han alertado de una escalda del conflicto armado en Colombia durante los últimos meses. Esta realidad también la anuncian desde los pueblos indígenas y aseguran que, “desde la firma del Acuerdo Final el abandono estatal se ha agudizado, las órdenes de la Corte Constitucional no han sido cumplidas, dejando sin culminar los planes de salvaguardar a los pueblos que se asientan en este territorio”.
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Con esta nueva ola de violencia que se presenta dentro del territorio nacional, en especial en los resguardos indígenas, la Comisión responsabiliza al Estado colombiano sobre los hechos victimizantes que se le puedan presentar a los líderes participantes de esta sesión, así también señalan al Gobierno encabezado por Iván Duque, “de la situación de exterminio físico y cultural que se está presentando en el departamento.”
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Como desde la autoridad indígena consideran la ausencia de las instituciones estatales en la sesión de Derechos Humanos como una falta grave a los compromisos de paz y a la protección de las comunidades ancestrales, por eso exigen la presencia inmediata del viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, el cumplimiento del decreto 1396 de 1996 y la garantía del respeto a sus territorios y costumbres.
Por último, la CDDHHPI expresó su inconformidad y rechazó “las diferentes excusas manifestadas por las instituciones del Gobierno nacional, lo cual refleja su falta de voluntad para proteger los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía y de todo el país. Son funcionarios sin capacidad de decisión y con un total desconocimiento de los procesos de la paz”.
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