JEP cita a las primeras audiencias públicas de reconocimiento por secuestros y falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que los miembros del secretariado de la desmovilizada guerrilla de las FARC y de la fuerza pública deberán reconocer los crímenes y esperar las sanciones del tribunal de paz

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JEP anunció que los miembros del secretariado de la desmovilizada guerrilla de las FARC, responsable de más de 21.000 secuestros, y los diez miembros de la fuerza pública, imputados por 120 casos de falsos positivos, fueron llamados a participar de las primeras audiencias públicas de reconocimiento que realizará el tribunal de paz
JEP anunció que los miembros del secretariado de la desmovilizada guerrilla de las FARC, responsable de más de 21.000 secuestros, y los diez miembros de la fuerza pública, imputados por 120 casos de falsos positivos, fueron llamados a participar de las primeras audiencias públicas de reconocimiento que realizará el tribunal de paz

Este jueves 24 de febrero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que los miembros del secretariado de la desmovilizada guerrilla de las FARC, responsable de más de 21.000 secuestros, y los diez miembros de la fuerza pública, imputados por 120 casos de ‘falsos positivos’, fueron llamados a participar de las primeras audiencias públicas de reconocimiento que realizará el tribunal de paz.

La entidad, nacida a instancias del Acuerdo Final de Paz, informó que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad llevará a cabo la primera audiencia en Bogotá los próximos 28 y 30 de marzo, y el 1 de abril, en la que los máximos responsables de la guerrilla deberán “dar a conocer si reconocen o no su responsabilidad frente al país por el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes”, dentro del caso 01.

“A través del Auto 019 de 2021, de Determinación de Hechos y Conductas, la magistratura también les había imputado otros graves crímenes cometidos en relación con los secuestros, como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado. De acuerdo con los hallazgos, las FARC ejecutaron los secuestros con tres finalidades: 1) financiar sus operaciones militares, 2) forzar el intercambio de guerrilleros presos y 3) secuestrar para controlar el territorio donde hicieron presencia”, indicó la justicia transicional.

Asimismo, la justicia transicional llamó a diez máximos responsables de la fuerza pública, dentro de los que destacan un general, cuatro coroneles, y un tercero civil, quienes tendrán la ocasión para reconocer su responsabilidad por el “crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada”, conocido en el país como falsos positivos, que habrían tenido lugar en la región fronteriza del Catatumbo, Norte de Santander, en el marco del caso 03.

“A través del Auto 125 de 2021, de Determinación de Hechos y Conductas, los magistrados concluyeron que los comparecientes actuaron siendo conscientes de que estos delitos se cometían como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. De acuerdo con la investigación, los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos ‘en combate’”, señaló la justicia transicional.

En estas audiencias, en las que participarán organizaciones de víctimas, el tribunal de paz informó que los responsables de secuestros y ‘falsos positivos’ tendrán que pasar del reconocimiento escrito al reconocimiento público ante la justicias, las víctimas y el país, por esos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en medio del conflicto armado.

Por su parte, los excomandantes de las FARC han manifestado su voluntad en avanzar en el proceso de diálogo y el reconocimiento a las víctimas, sin embargo, expresaron su inconformidad con relación a la adición de conductas establecidas por la Sala con el crimen de lesa humanidad de esclavitud, señalando que no “pretendían negar o desconocer los hechos y conductas ya reconocidos o el daño causado a las víctimas por ello”.

A su vez, los miembros de la fuerza pública, en cabeza del general retirado Paulino Coronado, han reconocido de manera individual su participación en ejecuciones extrajudiciales en esta región fronteriza, manifestando su voluntad de ampliar sus versiones, y entregando nuevas pruebas e información que le permitirá a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) avanzar en el hallazgo de las víctimas de estos crímenes, por los que han pedido perdón.

Lo que se espera en las audiencias

“La Sala busca además contribuir a restaurar los daños causados por los responsables. Por eso se espera que durante las diligencias, los comparecientes: 1) Aporten verdad plena, detallada y exhaustiva. 2) Reconozcan la naturaleza criminal no amnistiable de los hechos y conductas en las que participaron como máximos responsables y, además, 3) Su reconocimiento debe responder a la gravedad de las conductas con el reproche moral que implica el supuesto de abstenerse de justificarlas, reconocer el daño causado, aceptar la responsabilidad individual y dar cuenta de la voluntad de resarcir y no repetir los graves crímenes”, señaló la JEP.

Por último, la entidad que pertenece al Sistema Integral para la Paz explicó que en el caso que los responsables reconozcan sus crímenes y entreguen sus declaraciones con verdad plena, detallada y exhaustiva, la Sala deberá producir resoluciones de conclusiones, a la vez que se le solicitará a la Fiscalía General de la Nación la totalidad de las investigaciones que tenga sobre estos hechos como prevé la ley.

“Una vez se expida la resolución de conclusiones, los casos de secuestro contra el antiguo Secretariado de las Farc-EP y los miembros de la fuerza pública imputados en el subcaso Norte de Santander, que investiga falsos positivos, pasarán a manos del Tribunal para la Paz, que impondrá las sanciones estipuladas por la Ley”, concluyó la justicia transicional.

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