Falta de garantías y de imparcialidad: los motivos que frenan a la Contraloría en el caso de Hidroituango

La exsecretaria de planeación de Antioquia logró recusar a los funcionarios que están al frente del proceso de segunda instancia por detrimento patrimonial, argumentando que los jefes de esos entes de control ya tomaron una postura

Ituango, 5 de abril de 2019. Cerca de un año de cumplirse la contingencia del proyecto Hidroituango, EPM avanza en su recuperación. (Colprensa - Sofía Toscano)
Ituango, 5 de abril de 2019. Cerca de un año de cumplirse la contingencia del proyecto Hidroituango, EPM avanza en su recuperación. (Colprensa - Sofía Toscano)

La Contraloría General de la Nación anunció en la noche miércoles que suspendía los términos en el proceso de responsabilidad fiscal por el caso de Hidroituango a causa de una recusación sobre la que no se conocían muchos detalles, hasta este 21 de octubre, cuando la responsable de dicho recurso comenzó a ofrecer entrevistas.

Se trata de María Eugenia Ramos, exsecretaria de planeación de Antioquia durante la administración de Sergio Fajardo, y una de las 17 personas naturales que están siendo actualmente investigadas por dicho ente de control, bajo los cargos de presunto detrimento patrimonial.

Fue la exfuncionaria quien, en un documento de 13 páginas, le pidió a la propia Contraloría, la Procuraduría General de la Nación y el Congreso de la República que se nombrara un contralor ad hoc para el manejo del caso de la hidroeléctrica, argumentando que el jefe de esa entidad, Carlos Felipe Córdoba, no es imparcial al haber manifestado una postura muy clara con respecto a la investigación en columnas de opinión y entrevistas.

Según explicó en declaraciones ofrecidas a varios medios, “no hay imparcialidad. El Contralor, el vice contralor han estado saliendo a medios, han dado ruedas de prensa y de manera reiterada han insistido en la necesidad, según ellos, de encontrar culpables. De recuperar esos dineros de cuenta de los 26 implicados ―nueve son sociedades―. Entonces, realmente es como si ellos ya tuvieran definido ese fallo de segunda instancia”.

Valga señalar, sin embargo, que la recusación entregada a las autoridades el pasado 7 de octubre va en contra, principalmente, de la contralora Delegada Intersectorial No 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y los miembros de la Sala Fiscal y Sancionatoria, que son quienes están llevando las riendas del proceso de responsabilidad fiscal en este momento.

No obstante, también incluye al contralor y la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, por ser los jefes de entidades que, a su juicio, están estructuradas de una manera que no permite la independencia de los funcionarios que están bajo las ordenes de dichos líderes. En ese sentido, y como ya había dicho Ramos, los recursos se fundamentan en la violación del principio de imparcialidad objetiva que hace parte de las garantías fundamentales del debido proceso.

Igualmente, la investigada elevó otros argumentos relacionados con una preocupante falta de garantías, pues los entes de control no dieron tiempo suficiente para preparar una defensa sólida. “El sólo hecho de que no nos hayan decretado la mayoría de las pruebas que yo pedí y adicionalmente las pocas pruebas que sí nos decretaron a los pocos días la Contraloría expidió un auto diciendo que tenía suficiente ilustración y que ya no necesitaba las pruebas, suspendiéndolas”.

En ese sentido, la propia exsecretaria reconoció que lo que procede en este caso, es que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado examine la imparcialidad de los funcionarios recusados para que “tome las decisiones pertinentes y si es del caso, vamos entonces a que el Congreso nombre un contralor ad hoc para este tema de Hidroituango”.

Dicho contralor, agregó, debería asumir el caso desde el punto en el que está. Esto quiere decir, en un momento en el que ya existe un fallo de primera instancia en el que se le responsabiliza a ella y a los otros 25 implicados, de las irregularidades que llevaron a un detrimento patrimonial por 4,3 billones de pesos; y una apelación que lleva a la actual segunda instancia.

Ojalá no ratifique el primer fallo y se nos dé la oportunidad de presentar pruebas y testimonios. A la fecha, a mí no me han dado esa oportunidad”, insistió Ramos.

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