Emilio Tapia, previo al escándalo de contratación del Ministerio de las TIC, se reunió con varios procesados por corrupción en Colombia

Tras la captura de Emilio Tapia y su posterior envío a una cárcel al ser señalado de estar implicado en el escándalo de contratación del Ministerio de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) se conocen nuevos detalles de cómo retomó su vida, tras ser condenado por la defraudación a Bogotá, en la alcaldía de Samuel Moreno Rojas, en el denominado carrusel de contratos.

En un artículo de la Unidad Investigativa del periódico El Tiempo, se estableció que Tapia era constantemente visitado por políticos y empresarios para, al parecer, recibir asesorías en temas contractuales, por lo que la Fiscalía General de la Nación asegura que la desaparición de los registros de visitas a su oficina de cristal, en el norte de la capital colombiana, busca proteger la identidad de esas personas.

Aunque esos nombres los podría revelar el mismo Tapia dentro de la colaboración que está prestando en el proceso que se lleva por las irregularidades en la documentación que presentó el consorcio Centros Poblados para hacerse del contrato con el que se buscaba llevar internet a las zonas rurales del país y por el que recibieron un adelanto de 70.000 millones de pesos, que ahora están en riesgo de perderse.

Sin embargo, en el periódico bogotano lograron establecer que un viejo conocido de Tapia, el excontralor Miguel Ángel Moralesrussi, también implicado en el escándalo del carrusel de contratos en Bogotá, y un poderoso empresario antioqueño eran asiduos visitantes del controvertido contratista.

En El Tiempo encontraron también que otro de los que frecuentaba la oficina de Tapia era el italiano Alessandro Corridori quien fue procesado por el descalabro de la gigante Interbolsa y donde tuvo que comparecer por los delitos de manipulación fraudulenta de especies, administración desleal como interviniente y concierto para delinquir agravado.

La Unidad Investigativa de ese medio impreso también destacó que Corridori asistió en por lo menos cinco ocasiones a la oficina de Tapia y en compañía del abogado Camilo Andrés Escobar, quien es el jurídico de Anzety S.A.S., una empresa que fue constituida en 2017 con 500 millones de pesos y que pretende adquirir el club cafetero Deportes Pereira por 31.200 millones de pesos.

El jurista ha sido mencionado en los trámites con los que se está liquidando Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira (Corpereira), nombre empresarial del club matecaña.

En la edición de El Tiempo se señala que los propietarios de Anzety S.A.S son Olga Patricia García Suárez, que es pariente del extécnico Luis Augusto ‘El Chiqui’ García, junto con María Carolina Londoño Jaramillo y Alberto de la Pava Jaramillo.

Precisamente, Londoño es hijastra de Corredori y tiene el 15 por ciento de la compañía que busca quedarse con el Pereira. El italiano también aparece como asesor en esa negociación, según aseveraron en El Tiempo.

En ese medio impreso encontraron también fotografías que se ha tomado el otrora investigado por la ruina de Interbolsa con jugadores y el técnico Alexis Márquez, a pesar de que esa venta todavía no ha concluido.

El diario bogotano además encontró que la jueza que vigila el proceso de la millonaria liquidación solicitó un concepto a la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano), la Federación Colombiana de Fútbol y hasta al Ministerio del Deporte, ya que en la Fiscalía habría una denuncia.

Y parece ser, de acuerdo a lo que estableció El Tiempo, que Corridori invitó a Tapia a participar de ese negocio, por lo que el controvertido contratista estaría pensando en usar parte del anticipo de los 70.000 millones que le dio a Centros Poblados el Ministerio de las TIC, porque Anzety no tenía los 3.100 millones de pesos que se requerían para quedarse con ese negocio.

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