
En la mañana de este lunes 20 de septiembre, el CTI de la Fiscalía General de la Nación confirmó que capturó a Emilio Tapia, también conocido como el ‘Zar de la Contratación’, y al representante legal de la Unión Temporal (UT) Centros Poblados, Luis Fernando Duque, por el polémico contrato de conectividad del Ministerio de las TIC.
Recordemos que Tapia, empresario colombiano, estaba condenado por ser uno de los protagonistas involucrados en el ‘Carrusel de la Contratación’ de Bogotá, y actualmente se encontraba cumpliendo su pena bajo el beneficio de casa por cárcel. Según pudo conocer el diario El Tiempo, dentro de los aprehendidos también se encuentra Juan José Laverde, representante de Rave Agencia de Seguros, el cual tramitó las garantías señaladas como falsas.
El escándalo en la contratación, que buscaba llevar internet a miles de niños en zonas alejadas del país, ha dado de qué hablar durante los últimos tiempos en el país. El anticipo de 70.000 millones de pesos que le entregó la cartera a la UT para iniciar con la instalación de los puntos de conexión fue el detonante que terminó provocando la renuncia de la entonces ministra, Karen Abudinen, el pasado 9 de septiembre. Este dinero, al parecer, estaría en un paraíso fiscal en Estados Unidos, aunque el presidente Iván Duque ha manifestado que ese monto está protegido.
La Representante a la Cámara, Katherine Miranda, en diálogo con Sala de Prensa BLU, mencionó a finales de agosto que la ministra conocía de las irregularidades existentes en el proceso de contratación y de la vinculación de Tapia. Y justamente, la congresista fue una de las primeras en pronunciarse sobre la noticia a través de su cuenta en Twitter:
“Se lo dije @karenabudi! ¿No que no había relación de Centros Poblados con Emilio Tapia? [...] ¿Y ahora negarán la relación con el ex gobernador Alvaro Cruz, condenado por carrusel contratación?”, expresó.

A mediados de agosto, La periodista de W Radio, Paola Herrera, encontró que el contratista condenado por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, Emilio Tapia Aldana, sería el dueño en la sombra de la empresa ICM Ingenieros, que hace parte de esa unión temporal. En 2017, dicha empresa se ganó una licitación del Instituto Nacional de Vías (Invías) para el mejoramiento de la vía Medellín – Quibdó. Un contrato de 117.000 millones de pesos, que logró junto a las firmas Intec de la Costa, Belmira Construcciones y Corvez Ingeniería.
Precisamente, a Intec de la Costa fue a quien se le encargó la obtención de los documentos para la presentación de garantías con el MinTIC, según el representante de la UT. En esta empresa aparece el nombre de Fernando Lorduy Fernández, al cual señalan como ex cuñado de Tapia. Estas pólizas, recordemos, fueron identificadas como falsas por parte del banco Itaú, entidad bajo la cual, supuestamente, se habían expedido los documentos.
En una comunicación enviada a El Tiempo, Tapia negó que tuviera algún vínculo con el ‘lío’ de las MinTIC, así como sostuvo que no existe una relación con Lorduy Fernández: “No es mi excuñado, como se indica; de hecho, no conozco a nadie que responda a ese nombre, por lo que mal puede vinculárseme o establecer nexos o relaciones del suscrito con el antes señalado”, explicó en primera instancia.
Y posteriormente añadió que todas las afirmaciones que se hacen en torno a él son “inverídicas”, y pretenden asociarlo con una serie de hechos que “me resultan extraños, y de los cuales, en el momento en que así lo requieran las autoridades competentes, estaré presto a dar las explicaciones pertinentes”.
En medio de las investigaciones, la Fiscalía ha evidenciado una serie de chats, reuniones y trámites que involucrarían a Tapia dentro del proceso. Además, de acuerdo a la información conocida por Semana, las autoridades avanzan en la captura de otros tres implicados en el polémico contrato.
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