Imputan cargos al alcalde de Candelaria, Valle, por presuntos hechos de corrupción

El mandatario celebró dos contratos que presentarían irregularidades como la no idoneidad del contratista y el pago de unos insumos que ya tenía el municipio. Es la segunda vez que enfrenta un proceso penal por hechos similares

Jorge Eliécer Ramírez Mosquera
Jorge Eliécer Ramírez Mosquera

La Fiscalía General de la Nación seccional Cali judicializó al alcalde de Candelaria, Jorge Eliécer Ramírez Mosquera y al contratista Alexander Chacón por incurrir presuntamente en corrupción en 2020 en la compra de insumos para la pandemia.

El mandatario celebró dos contratos con una empresa de químicos, pero estos tendrían presuntas irregularidades ya que cuando se celebró el primero, el 27 de marzo de 2020 por $88 millones, las actividades económicas del contratista en Cámara de Comercio no tenían relación con el objeto del contrato además de que la firma no era correcta.

El fiscal del caso encontró que en el segundo, celebrado el 14 de mayo por más de $74 millones se le contrató para suministrar elementos como alcohol, pero a la Alcaldía ya le habían donado este producto y se encontraba en un 70 % de concentración, por lo que no era necesario ese punto. “Este servicio hubiera sido necesario si el alcohol lo hubieran donado a una concentración de 99.6 % o más”, señaló el funcionario judicial.

Por estas razones la Fiscalía les imputó al representante legal y al alcalde los cargos de delito de contrato sin cumplimiento de requisito legales en concurso homogéneo y sucesivo y peculado por apropiación en calidad de coautores dado la elección de C.A.C Químicos conociendo que no eran idóneos para ejecutar los contratos. Por estos hechos, la Fiscalía determina que podrían haberse perdido o causado un detrimiento de 23 millones de pesos.

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra el alcalde Jorge Eliécer Ramírez, pero el juez la negó aunque lo vinculó directamente al proceso. Por ahora ninguno de los dos podrá salir del país y deberán presentarse ante la Fiscalía cada cierto tiempo.

No es el primer caso en el que se ve envuelto el mandatario. En noviembre de 2020 un juez ordenó su captura y la de tres miembros de su gabinete por presuntas irregularidades en contratación de unas canchas de fútbol y en el mantenimiento de vías. Sin embargo, en diciembre de ese año, el juez los dejó en libertad, revocando la medida.

Formulan cargos a comandante de Policía de Jamundí

La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia al comandante del Distrito Mayor VI de Policía de Jamundí, Valle del Cauca, mayor Raúl Pérez Araméndiz, por presunta omisión de sus funciones durante enfrentamientos en los cuales resultaron heridas cerca de 12 personas, entre indígenas y civiles, en las protestas del pasado mes de mayo en Cali, Valle del Cauca.

Al parecer, a pesar de presenciar las agresiones entre residentes de la comuna 22 y miembros de la minga indígena del Cauca, el investigado no habría desplegado ningún procedimiento policial en busca de preservar la convivencia pacífica y proteger la vida e integridad física de quienes protestaban en la avenida Cañasgordas, el 9 de mayo de 2021.

Para la Procuraduría Regional de Valle del Cauca “la actuación del uniformado tenía que desarrollarse en virtud del deber concerniente a la protección de los ciudadanos que se encontraban expuestos ante este tipo de agresiones, protección que se materializa en la acción, las órdenes para el apoyo, la aprehensión o traslado con el fin de adelantar procedimiento policivo”.

En esta etapa procesal la falta del investigado fue calificada como gravísima a título de dolo.

Para garantizar la separación de la instrucción y el juzgamiento, la doble instancia y la doble conformidad en las actuaciones disciplinarias, esta actuación se remitirá por competencia a las procuradurías delegadas con funciones de juzgamiento (reparto), comunicando dicha decisión al investigado y a su defensor.

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