Fiscal General explica cómo están abordando la investigación por los $70.000 millones del MinTIC

Según Francisco Barbosa, ya se cuenta con todo un entramado interinstitucional que busca resolver el caso de corrupción de la manera más rápida posible, en cuatro líneas distintas

El escándalo por la pérdida de 70.000 millones de pesos entregados a manera de anticipo en el marco de un contrato firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados Colombia, tiene en alerta a la gran mayoría de las entidades de control del país, comenzando por la Fiscalía, que ya está redoblando esfuerzos para solucionar el asunto.

Así lo anunció este viernes 13 de agosto el jefe de esa entidad, Francisco Barbosa, quien en rueda de prensa aseguró que la investigación alrededor del contrato por un total 1,07 billones de pesos para la conexión a Internet de cerca de siete mil colegios de veredas y zonas rurales de 15 departamentos del país es por estos días la prioridad de su dependencia.

“El caso está en este momento priorizado. Está en cabeza del director nacional anticorrupción. Existe ya la estructura de un grupo de tareas especiales donde se involucra también al coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, el doctor Gabriel Ramón Jaimes, y tenemos ya las líneas investigativas para cada uno de los hechos”, dijo Barbosa.

Cuando habla de hechos, el director del ente investigador se refiere a ramas puntuales que definen el caso, como la investigación sobre los funcionarios públicos que estuvieron involucrados o trabajaron en la estructuración, evaluación y aprobación de las pólizas precontractuales de esta licitación en particular, teniendo en cuenta que la Unión Temporal suministró al MinTIC con garantías bancarias falsas, supuestamente emitidas por el Banco Itaú.

Luego, está la línea de investigación que hace referencia directamente al contratista, con la que se busca establecer quiénes son los culpables del esquema que llevó a ganar indebidamente la licitación para llevar internet a los colegios rurales, así como el destino que tuvo el adelanto de 70.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que el contrato se firmó a finales del año pasado y que hasta abril pasado sólo se había ejecutado el 1 % del mismo.

“Tenemos al mismo tiempo una línea en torno a la expedición de esas pólizas y otra línea de trabajo muy importante en torno a cómo se produjo el giro de esos recursos derivado del contrato de administración de fiducia y pagos, que a su vez se deriva del contrato principal que se firmó, y cómo se presentó esa aprobación y ese giro de esos recursos”, agregó Barbosa.

Para llevar a feliz término todas esas investigaciones, agregó, se cuenta con el apoyo de investigadores del CTI y la Dijín de la Policía, fiscales, cooperación internacional solicitada al FBI y Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, “y lo más importante, tenemos un trabajo articulado con el señor contralor general de la República y con la señora procuradora General, para poder actuar en conjunto y rápidamente”.

Dicho esto, el funcionario le garantizó al país que la investigación no se va a demorar mucho tiempo “nosotros vamos a tomar medidas muy rápidas porque el objetivo es la preservación del patrimonio público y por su puesto el derecho de los ciudadanos colombianos a tener esos recursos invertidos donde tienen que estar invertidos”.

No sobra recordar que en pro del avance de esta investigación, el MinTIC confirmó en la tarde de este viernes 13 de agosto la caducidad del contrato, agregando que en razón de la misma, tanto la Unión Temporal Centros Poblados, como sus integrantes, es decir la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S. quedaron reportados e inhabilitados para contratar con el Estado ante las cámaras de comercio en las que se encuentran inscritos y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

De igual forma, el documento afirma que todo el expediente del caso en cuestión, incluida la propia resolución, serán remitidos a organismos como la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría General de la Nación, con el objetivo de que conozcan la perspectiva del MinTIC en el caso y tomen las acciones que consideren pertinentes.

Tras esto, la jefa de la cartera tecnológica, Karen Abudinen, informó que, “la UT Centros Poblados deberá pagar los $70 mil millones del anticipo recibido, más los $39 mil millones de la cláusula penal pecuniaria. ¡Colombia se respeta!”.

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