Judicializan a seis funcionarios del Inpec por extorsión y concierto para delinquir en cárcel de Cartagena

Dos inspectores y cuatro dragoneantes controlaban una red que exigía dinero a cambio de permitir el paso de contrabando por el centro penitenciario. Quienes no pagaban eran sometidos a malos tratos.

Funcionarios del Inpec. / Colprensa
Funcionarios del Inpec. / Colprensa

La Fiscalía General de la Nación confirmó en la tarde de este sábado 31 de julio que el juez 18 penal municipal de garantías de Cartagena (Bolívar) dictó medida de aseguramiento, en modalidad domiciliaria, contra seis funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quienes al parecer, junto con reclusos, conformaban una estructura que delinquía al interior de la cárcel San Sebastián de Ternera, en esa ciudad.

Se trata de los inspectores Jhon Jairo Palacios y Edwin Munar Garzón, y los dragoneantes Vanessa Polanco Basanta, Miller Alberto Prieto Luna, Carlos Álvarez Lozano y Jairo Romero Payares, quienes de acuerdo con la Fiscalía habrían aprovechado sus funciones para recibir sobornos a cambio de permitir el ingreso de contrabando, a la par que mantenían controlados a los internos y a los otros guardas.

En ese sentido, el ente acusador informó que “el material probatorio indica que los llamados jefes de patio, de los patios 2 y 6, que harían parte de la banda delictiva, eran quienes obligaban a otros internos a pagar cuotas semanales de $10.000 o $20.000, las cuales eran entregadas los domingos al personal del Inpec que ejercía la vigilancia, con el fin de que les permitieran el ingreso de licor, estupefacientes, teléfonos celulares y armas”.

Igualmente, las autoridades pudieron establecer que los reclusos que no pagaban eran reportados ante los líderes de la estructura criminal, todos servidores públicos, quienes en represalia presuntamente los sometían a malos tratos, les prohibían las visitas y les ocasionaban agresiones físicas. Tales acciones también eran replicadas por los internos, por lo que las víctimas eran intimidadas con frecuencia.

También “se evidenció que algunos de los procesados cobrarían dinero a los internos para devolverles los elementos decomisados tras las requisas que hacían en las celdas o calabozos, donde los guardias incautaban teléfonos celulares, cargadores, tarjetas sim card, armas y estupefacientes”.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación se extendió un poco más de lo esperado, luego de que varios de los investigados fueran trasladados a Montería y Sincelejo. No obstante, las presuntas irregularidades cometidas en el centro penitenciario de Cartagena pudieron ser corroboradas por medio de interceptaciones de comunicaciones, que permitieron evidenciar con otros funcionarios del Inpec y con la población carcelaria involucrada en la red criminal.

Gracias a esto, unidades del Gaula y Sipol de la Policía Nacional pudieron hacer efectivas las capturas de los funcionarios durante diligencias simultáneas de allanamiento y registro en las tres ciudades mencionadas. Tras esto, fueron llevados a audiencias preliminares por un fiscal especializado de la Seccional Bolívar, que les formuló cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión y extorsión.

Valga señalar que el primero de esos delitos puede acarrearles penas de entre 4 y 9 años en prisión; el segundo de 8 y 15 años, mientras que el tercero las da de entre 16 y 24 años. De ahí, que ninguno de los acusados aceptara los cargos.

También es de señalar que la Fiscalía apeló la medida de aseguramiento domiciliario, en busca de una en centro carcelario. Hasta el momento no se sabe si el juez concedió el cambio.

La noticia se conoce tres semanas después de que se ordenara el arresto del director general del Inpec, mayor general Mariano Botero Coy, por haber desacatado un fallo de tutela emitido en 2020. La orden fue dada por Yaneth Constanza Ome de Moreno, magistrada del Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito (Huila), quien señaló que el uniformado debía ser recluido durante cinco días. Así mismo, el uniformado deberá pagar una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, 4.542.630 pesos.

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