Contraloría responde a críticas sobre su nueva sede en Pereira, asegura que el inmueble escogido sí es apto

La información circuló en un medio de comunicación que denunció, en dos ocasiones diferentes, que la compra del edificio tendría varias irregularidades.

Durante la semana pasada, en una transmisión del noticiero de Canal Uno, ‘Noticias Uno’, se reveló que el edificio que había comprado la Contraloría General de la República en Pereira, para instalar su nueva sede, no era apto para el uso constitucional, pues, de acuerdo con la investigación revelada por los periodistas, la licencia anterior del edificio certificaba al inmueble para funciones de un centro médico. Esta denuncia, hecha por el noticiero, se hizo pública semanas después de que ese mismo informativo asegurara que el proceso de compra del lugar tiene sobrecostos de hasta el 60%. La entidad, a través de Sandra Patricia Bohórquez, gerente administrativa y financiera, reportó que la información entregada por Noticias Uno no es cierta.

Lo que denunció la periodista Juliana Ramírez, de ese medio de comunicación, fue que el edificio lleva abandonado seis años, y que su licencia solo permite que ese inmueble sea adaptado para usos clínicos, y equipamiento de salud. Además, aseguró que hay una irregularidad con la dirección del lugar, pues, aunque en los papeles está definida una dirección, el edificio está ubicado en otra. La dirección que aparece en el papeleo, efectivamente, cumple las reglas urbanísticas del POT, pero la ubicación real del edificio, no lo hace.

El grupo Rivera, además, al darse cuenta de la licencia que no permitía el uso del lugar con fines institucionales, solicitó el cambio de licencia del predio para usos comerciales, de acuerdo con lo denunciado por Noticias Uno. La Dirección de Control Físico de Pereira de la alcaldía de Pereira, comentó Juliana Ramírez, lanzó una advertencia a grupo Rivera al darse cuenta de que estaban construyendo sin licencia, y aseguró que eso estaba totalmente prohibido.

En un diálogo con RCN Radio, Bohórquez aseguró que la Alcaldía de Pereira le había certificado a la entidad la concordancia del predio, ubicado en la carrera 10 N° 42-29 del sector de Maraya, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), por lo que no es cierto que no esté apto para el uso institucional de la Contraloría.

“La Contraloría General de la República, de manera escrita, solicitó a la Alcaldía de Pereira, especialmente a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Secretaría de Planeación municipal, que nos certificara si la gerencia departamental colegiada de Risaralda podía funcionar en el predio en que actualmente se construye”, señaló la experta que, aseguró, que el predio, en efecto, está disponible y es apto para las labores que pretende ejecutar la Contraloría allí “se encuentra en concordancia con el POT vigente”.

La Contraloría, en vocería de Bohórquez, le aclaró a RCN Radio que el contrato con el que se cerró el negocio de la compra e inicio de obra se había hecho bajo los parámetros que exige la ley.

Lo que denunció Noticias Uno, durante una primera emisión, es que la Contraloría compró el edificio, en obra gris, por el 60% más del valor por el que lo había adquirido, tres meses antes, quien se lo vendió. La periodista Juliana Ramírez aseguró que el alza en el valor no tenía mayor justificación. El grupo Rivera, quien estará a cargo de la construcción de la nueva oficina, compró el edificio, a Bancolombia, por un valor de 3.200 millones de pesos, pues se trataba de un inmueble ‘en remate. La constructora, luego de ello, le vendió el edificio a la Contraloría por un valor de $5.184 millones, sin ningún tipo de mejora que justificara el alza. El edificio tiene seis pisos y 2.528 metros cuadrados.

De acuerdo con información de ese medio de comunicación, el único argumento del avalúo del inmueble se justificó a partir de un informe de avalúo urbano del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) con fecha del 23 de septiembre del 2020, solicitado por el grupo Rivera. La construcción de lo que será la sede de esta entidad en el departamento de Risaralda, requirió una inversión del orden de los 12.157 millones de pesos.


Seguir leyendo: