Corte Constitucional decidirá si se reviven o no las curules de paz

Hace un tiempo, el senador Roy Barreras interpuso una tutela contra la mesa directiva del Senado tras haber hundido el proyecto de ley que daba 16 circunscripciones transitorias a las víctimas del conflicto armado. La petición del senador es revivir el proyecto, por lo que ahora la Sala Plena de la Corte Constitucional tiene la palabra en lo que debería suceder con dicho proyecto que estaba incluido en el Acuerdo de Paz.

La ponencia la tiene el magistrado Alejandro Linares, quien apoya revivir el proyecto, y ya fue enviada a los ocho magistrados de la Corte para su revisión. En rechazo, la Procuraduría envió un concepto a la Corte diciendo que las curules no repararían a las víctimas, sino que, por el contrario, ayudaría a que sus victimarios se hicieran con esos escaños, lo mismo que argumentaron algunos senadores en su momento para hundir el proyecto.

El Ministerio Público expresó que no se cumplió con los tiempos estipulados para llevar a cabo la acción judicial porque Barreras radicó la tutela el 31 de mayo de 2019, cuando el debate donde el proyecto se archivó fue en noviembre de 2017.

Después de que esto sucediera a finales de 2017, la tutela de Barreras fue negada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que en segunda llegó a la Corte Constitucional. El proyecto lo tuvo el magistrado Antonio José Lizarazo, presidente del alto tribunal, pero debió apartarse por un impedimento ya que había trabajado un año antes con un programa de Paz en Presidencia.

Por ahora se adelanta el estudio del trámite que surgió el proyecto en el legislativo y los magistrados que ya tienen en su poder la ponencia de Linares, deberán dar su concepto y debatirla en un plazo de hasta 60 días y definir si la apoyan o no. En este último caso deberán presentar una nueva ponencia que presentará otro magistrado con una perspectiva diferente. Estos escaños se otorgarían a comunidades del Cauca, Chocó, Nariño, Catatumbo, Guaviare y el Urabá.

La reglamentación de dichas curules estuvo en manos del Congreso en 2017, un año después de la firma de la paz y uno antes de los siguientes comicios presidenciales y del legislador. Por esa época, estaban en las cámaras del Congreso José Obdulio Gaviria, Sofía Alejandra Gaviria, Germán Varón y Álvaro Uribe Vélez, quienes argumentaron en contra de los escaños señalando que, “no tienen vocación de reparar a las víctimas, y en cambio, las instrumentaliza (…) ignora su verdadera capacidad de participación política (…) y por el contrario, facilita la captación de dichos escaños por parte de sus victimarios”.

Tras ese debate y varias pujas intensas, el proyecto de las curules se hundió en plenaria del Senado, durante la etapa de conciliación, con 50 votos en favor de su aprobación y 7 en contra, cuando el proyecto debía contar con mayoría absoluta, es decir 52 votos. Lo mismo sucedió en el Juzgado 16 administrativo de Bogotá, a donde llegó y en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al que arribó posteriormente.

La razón para el fracaso en esas instancias posteriores son muy similares a las esgrimidas por la procuradora Cabello, cuando expresó al alto tribunal que, “la actuación de la Mesa Directiva del Senado fue razonable”, por lo que dicha Corte debe ceñirse a “la autonomía e independencia del legislador y abstenerse de intervenir en la controversia”. En otras palabras, no hay que controvertir lo que ya se decidió en ese tema.

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