Informe de EE.UU. señala que en Colombia todavía se presentan graves violaciones a los derechos humanos

El país norteamericano destacó el trabajo de la JEP, sobre todo las investigaciones referentes a los falsos positivos.

Un hombre participa hoy en la elaboración de un mural sobre los falsos positivos, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
Un hombre participa hoy en la elaboración de un mural sobre los falsos positivos, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

En la tarde de este martes 30 de marzo, el Gobierno de Estados Unidos, liderado por Joe Biden, emitió el informe “2020 Country Reports on Human Rights Practices” (Reportes Nacionales Sobre Prácticas de Derechos Humanos en 2020), en el que cuenta cómo se protegen los derechos humanos de las personas en cada país del mundo. Dentro de este documento se incluyó un capítulo especial para Colombia, en el que se asegura que en el país suramericano todavía existen problemas para proteger a sus ciudadanos. Así mismo, la administración norteamericana exaltó el trabajo que viene ejecutando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Esta es la primera vez que la nueva administración norteamericana se refiere a específicamente acerca del panorama de derechos humanos en Colombia. El apartado del país suramericano se divide en siete secciones: respeto por la integridad de la persona; respeto por las libertades civiles; libertad para participar en el proceso político; corrupción y falta de transparencia en el gobierno; actitud gubernamental con respecto a la investigación internacional y no gubernamental de presuntos abusos de los derechos humanos; discriminación, abusos sociales y trata de personas; y derechos de los trabajadores.

“Los miembros de las fuerzas de seguridad públicas cometieron algunos abusos. El gobierno tomó medidas para investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, aunque algunos casos continuaron sufriendo largas demoras. Continuaron operando grupos armados ilegales, incluidos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes”.

Entre las violaciones más frecuentes a los derechos humanos en Colombia, el Gobierno estadounidense asegura que se encuentran homicidios, casos de tortura, detención arbitraria por parte de la fuerza pública, abuso de mujeres, trabajo infantil y violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Así mismo, señaló que principalmente los colombianos están en riesgo por cuenta del conflicto armado interno.

“Los grupos armados ilegales, así como los narcotraficantes, fueron perpetradores importantes de abusos contra los derechos humanos y delitos violentos y cometieron actos de ejecuciones extrajudiciales e ilegales, extorsión y otros abusos, como secuestros, torturas, trata de personas, atentados con bombas, restricciones a la libertad de movimiento, violencia sexual, reclutamiento y uso de niños soldados y amenazas de violencia contra periodistas, mujeres y defensores de derechos humanos”, se lee en la introducción del informe.

Dentro del marco del conflicto armado, uno de los primeros puntos mencionados en el informe son las ejecuciones extrajudiciales, también llamados ‘falsos positivos’. Dentro de este tipo de delito caben todos los asesinatos de civiles perpetrados por militares que luego presentaban como guerrilleros muertos en combate, presuntamente para ganar recompensas y ascensos.

Los ‘falsos positivos’ son uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, involucran a unos 1.500 militares que engañaban a los civiles. Y el número de víctimas es alarmante, pues según los últimos datos revelados por la JEP, el pasado 18 de febrero, serían al menos 6.402 los civiles asesinados y luego presentados como guerrilleros.

Ante los trabajos investigativos del mecanismo de justicia, el Gobierno estadounidense aseguró que, estos han sido efectivos.

“La JEP continuó tomando medidas efectivas para detener a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos responsables de una manera compatible con el derecho internacional. Esto incluyó actividades para adelantar el Caso 003, centrado en ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” cometidos por las Divisiones Primera, Segunda, Cuarta y Séptima del Ejército. Al 31 de agosto, la JEP informó que había recibido 250 “versiones voluntarias” en el caso de los presuntos perpetradores que relatan sus versiones de los hechos ocurridos durante el conflicto”, destacó el informe.

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