ONU urge al Gobierno nacional una intervención integral en Buenaventura

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por la grave situación de violencia y de derechos humanos que se presenta en el distrito de Buenaventura, al suroriente del país.

Por esa razón, solicitó agilizar la implementación de los Acuerdos de Paz y los Acuerdos del Paro Cívico, así como la cooperación entre las autoridades con el fin de hacerle frente a esta situación que padece el puerto más importante de Colombia en el Pacífico.

“Insta a una acción concertada entre el Gobierno nacional, departamental y local, con autoridades estatales, para desmantelar las redes criminales de manera permanente, a través de la acción de la justicia, la inversión social, el desarrollo con enfoque de derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho, con el respaldo internacional y del sector privado”, aseguró la representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero.

En ese sentido, la oficina señaló que a través de diferentes testimonios y fuentes ha conocido sobre el asesinato de 41 ciudadanos, el desplazamiento forzado de más de 8.000 pobladores, la desaparición forzada de trece personas, y las amenazas contra defensores de derechos humanos y líderes sociales en Buenaventura.

A su vez, señaló que en este municipio del departamento del Valle del Cauca se están violando los derechos de la libertad, la integridad, la vida digna, el desarrollo de un proyecto de vida sin violencia, las seguridades personales de sus pobladores, así como los referentes a la salud y la seguridad alimentaria.

De igual manera, la oficina indicó que ha podido evidenciar que los grupos ilegales y la corrupción han afectado la “economía de subsistencia de la población”.

“La situación en Buenaventura afecta de manera desproporcionada a las niñas y a las mujeres, en particular a las jefas de hogar, que reciben ingresos precarios y son víctimas de extorsión, abuso y otras formas de violencia de género. La situación actual en el puerto impacta también la vida de las niñas y los niños, y los expone a un alto nivel de riesgo de ser reclutados forzosamente”, indicó la oficina.

Por otra parte, reconoció los esfuerzos desde el Estado, en especial desde la Fiscalía y la Fuerza Pública, sin embargo, manifestó que en el distrito se requiere fortalecer el cumplimiento de los derechos sociales, culturales, y económicos de la ciudadanía y acabar con las redes de corrupción.

Asimismo, expresó que es una prioridad que se implementen estrategias urgentes para acabar y prevenir las desapariciones forzadas, al tiempo que se adelanten las acciones necesarias, como la búsqueda de las personas que se encuentran desaparecidas.

“El camino que recorren las familias, y en particular las madres, de las personas desaparecidas forzosamente es uno de los más violentos y solitarios que he observado en mi vida”, aseguró Juliette de Rivero.

La oficina pidió que la Unidad Nacional de Protección (UNP) incremente los mecanismos de protección colectivos e individuales y los implemente en los contextos especiales de esta región, ofreciendo su asesoría con el fin de alcanzar este propósito.

Por último, urgió a que se conformen y refuercen los espacios de atención y dialogo que posibiliten atender las “demandas legítimas” de las víctimas, los pueblos étnicos, los líderes y lideresas, la población, los defensores de derechos humanos “de manera que su valentía, experiencia y conocimiento sean considerados como parte de la solución”.

“La fuerza de Buenaventura es la capacidad de su gente y en mi visita pude observar que estos cambios que proponemos no solo son posibles, sino también realizables”, concluyó la representante de Rivero.

SEGUIR LEYENDO: