Relatora de la CIDH-OEA se suma a la ONU y pide que Colombia prohíba el ‘fracking’

Soledad García Muñoz, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó también su preocupación “por la protección de las personas que defienden el ambiente en Colombia”.

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Soledad García Muñoz,
relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH-OEA
Soledad García Muñoz, relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH-OEA

En la última audiencia, realizada este 11 de marzo, por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, en el debate sobre los proyectos de ley que buscan la prohibición del ‘fracking’ en Colombia, Soledad García Muñoz, relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), invitó al Congreso de la República a prohibir esta práctica.

La relatora expresó que, “la aprobación de un proyecto de ley cuyo propósito sería acabar con la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales, prohibiendo prácticas como el fracking, supondría una valiosa medida de protección ambiental, prevención de conflictos socioambientales y el cumplimiento de los compromisos que emanan del Acuerdo de París, como del propio Sistema Interamericano y la importante opinión consultiva No. 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al derecho a un medio ambiente sano”.

Con la adopción de legislaciones como la que está en discusión, prohibiendo prácticas contrarias a la renovación energética y la innovación ambiental, Colombia está llamada a promover una transición energética justa y sostenible”, puntualizó la experta de la CIDH, quien llamó al Congreso de Colombia a tomar “todas las medidas que junto con evitar emisiones masivas de gases de efecto invernadero, fomenten el respeto y la implementación de acciones reales para la garantía de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.

Adicionalmente y respecto a las amenazas recientes contra jóvenes opositores al ‘fracking’ en Puerto Wilches y el Magdalena Medio, la relatora Especial DESCA de la CIDH, expresó su preocupación “por la protección de las personas que defienden el ambiente en Colombia, cuya seguridad me preocupa profundamente y a quienes dedico también estos aportes, en un debate que sin duda les atañe de manera muy especial”.

Esta intervención de la CIDH se suma a las ya realizadas en audiencias anteriores por el relator Especiale de Naciones Unidas sobre derechos humanos y medioambiente, David Boyd, y sustancias tóxicas, Marcos Orellana, quienes solicitaron al Congreso la prohibición del ‘fracking’ en Colombia. Orellana además dirigió una carta al presidente Duque en la que reiteró su solicitud.

Foto: Colprensa – Álvaro Tavera
Foto: Colprensa – Álvaro Tavera

A la audiencia fueron invitadas expertas y expertos como Sebastián Grajales, coordinador de impacto para América Latina en The Climate Reality Project y delegado por el exvicepresidente de Estados Unidos de Al Gore; Elsa Matilde Escobar, exdirectora de la Fundación Natura; Diego Trujillo, exprocurador delegado de Asuntos Ambientales; Lidia Campos, afectada por el ‘fracking’ en Argentina; y Héctor de la Torre, del California Air Resources Board, agencia de calidad del aire del estado de California, entre otros, que insistieron en la necesidad de no permitir el desarrollo de esta práctica.

Sin decisión en el Consejo de Estado

Este jueves, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado se reunió para tomar una decisión de fondo y en única instancia sobre la nulidad de las normas que disponen los parámetros técnicos y procedimentales para la exploración y explotación de hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales mediante ‘fracking’.

Los magistrados debatieron el proyecto con el cual se definirá si debe anularse o no, las dos normas del Ministerio de Minas y Energía. Se trata del Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, que establecen los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales a través de fracturación hidráulica.

Sin embargo, los magistrados no tomaron una decisión por lo que la discusión continuará el próximo 18 de marzo.

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