Fuerza pública y civiles se enfrentan en Riosucio, Chocó, por proceso de erradicación de cultivos ilícitos

Los problemas alrededor de la restitución de cultivos ilícitos en el país sigue generando conflictos de orden público. Este martes 2 de marzo, las autoridades de Riosucio, Chocó, reportaron que en Salaquí, un corregimiento rural adscrito a ese municipios, se generaron enfrentamientos entre la comunidad y el Ejército Nacional. Hasta el momento, la situación dejó a cuatro campesinos heridos y varios desaparecidos cuya identidad no ha sido revelada.

Aparentemente la confrontación se estaría presentando desde el domingo 28 de febrero en la noche. La fuerza pública asegura que, son más de 300 civiles los que han intentado herirlos, algunos, incluso, tienen armas cortopunzantes. Este grupo estaría respondiendo violentamente porque aseguran que, el Ejército “no está respetando los compromisos de erradicación” que se establecieron hace unas semanas, que indicaba adelantar el proceso de forma lenta.

Ante esta versión, el alcalde de Riosucio, Conrad Valoyes, se pronunció para pedirle a ambos bandos que permanezcan calmados y se establezca un diálogo.

La situación en el corregimiento es tensa, pues miembros del Ejército detallaron que “los agresores intentaron desarmar a los uniformados y atacar también a los integrantes del Grupo Móvil de Erradicación, quienes llevaban ya cinco días sin adelantar estas tareas”.

Las autoridades temen que más personas salgan heridas, sobre todo teniendo en cuenta que quienes han salido mal librados de la situación presentan lesiones importantes. Estos individuos fueron remitidos inmediatamente a un hospital de Riosucio, pero horas más tarde, dos de ellos tuvieron que ser trasladados a otro centro médico de mayor complejidad ubicado en la subregión del Urabá antioqueño.

“Uno de los dos pacientes está bastante complicado, por lo cual se hizo urgente la salida de forma inmediata, fue algo entre 20 y 25 minutos para sacarlos de acá”, contó Nerys Palacios, coordinadora del centro asistencial de Riosucio.

Por otro lado, el Ejército aseguró que instaurará la denuncia correspondiente en contra de “los instigadores y agresores que atacaron la integridad de los soldados”.

El alcalde de Riosucio le insiste a la comunidad para que se calme y asegura que está programado que en la otra semana, específicamente el 11 de marzo, una comisión del Gobierno nacional visite el territorio para dar respuesta a la población.

Cabe recordar que, esta misma situación de alteración de orden público para reclamar por la erradicación de cultivos ilícitos también se ha presentado en otros territorio del país. En la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, los campesinos denuncian que el Gobierno no ha tenido voluntad de ejecutar el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) contemplado en el Acuerdo de Paz, y por eso ahora quieren adelantar el proceso forzosamente.

Según los campesinos, los representantes del Gobierno dicen que no tienen recursos para el programa y “no abren convocatoria para nuevas familias que quieran ingresar”, por lo que para ellos es contradictorio cuando ven la inversión y los protocolos que están andando en pro del regreso del glifosato.

Algo parecido pasa en Anorí, Antioquia, donde la comunidad denunció a principios de febrero de este año “la entrada arbitraria del personal del brazo armado estatal para violar los derechos humanos, autorizando operativos de erradicación forzada manual que confrontan a las comunidades con el personar armado”.

Según la Asociación Campesina del Norte y Nordeste de Antioquia y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), en las veredas El Chispero y la Esperanza, adscritas al municipio de Anorí, la comunidad ha sido intimidada por policías y militares.

Todos estos territorios le exigen al Gobierno nacional que la erradicación de cultivos ilícitos se haga conforme a lo acordado en los Acuerdos de Paz en lugar de ejecutarla de manera forzada, aún más cuando hay campesinos que han manifestado su compromiso por “la sustitución voluntaria y la transición a las economías lícitas”.

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