Corte Suprema ordena entregar caso de Juan Carlos Granados a la Comisión de Acusación

El alto tribunal reconoció el fuero que protege al hoy magistrado de la Disciplina Judicial y que convierte a esa dependencia de la Cámara de Representantes en su juez natural.

Juan Carlos Granados fue ternado para entrar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por el presidente Iván Duque. / Colprensa
Juan Carlos Granados fue ternado para entrar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por el presidente Iván Duque. / Colprensa

La Corte Suprema de Justicia informó, en la tarde del 24 de febrero, que la investigación que se le adelanta al hoy magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Juan Carlos Granados, por hechos que ocurrieron mientras era gobernador de Boyacá, saldrá de la jurisdicción de la Fiscalía General de la Nación para quedar en manos de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

De acuerdo con la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal, Granados goza de la protección gracias al fuero que acarrea el cargo para el que fue elegido a inicios de diciembre de 2020, con el apoyo de 186 congresistas, por lo que se vio en la obligación de declararse incompetente para darle seguimiento al proceso en su contra para que lo pueda tomar la mencionada comisión.

En el escrito, en el que la corporación deja claro su concepto, se puede leer que “en el caso de servidores públicos que han sido gobernadores y pasan a ocupar una de las dignidades previstas en los artículos 174 y 178, es evidente la activación del fuero constitucional, caso en el cual prevalece la competencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”

Lo anterior, justo cuando la Fiscalía se preparaba para finalmente entregar el escrito de acusación con el que pretendía iniciar el proceso en contra de Granados por los crímenes de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y tráfico de influencias de servidor público, pues existen razones para pensar que, durante su campaña electoral y posterior administración departamental, recibió cerca de $200 millones para beneficiar a la firma Odebrecht con la adjudicación de contratos como el proyecto vial que conecta a los municipios de Duitama, Charalá y San Gil.

Como prueba de ello, el ente investigador argumenta que el hoy magistrado se habría reunido tanto con el representante legal de Odebrecht en Colombia, Luiz Antonio Bueno Junior, como con el asesor de la misma multinacional, Federico Gaviria Velásquez. Eso, en la casa del exsenador Plinio Edilberto Olano, ubicada en Sopó, Cundinamarca.

Adicionalmente, reseña el diario El Espectador, los investigadores aseguran que Granados se volvió a reunir en Bogotá con esos mismos personajes, y otros como Eleuberto Martorelli, presidente de Odebrecht en Colombia y el exdirector de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, para discutir cómo la empresa brasilera podría ser avalada por esa última entidad para, posteriormente, participar en la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre. Esto último no se dio, pues coincidió con el estallido del escandalo de la empresa a nivel internacional.

Gracias a ello, la Fiscalía viene persiguiendo a Granados desde 2018, imputándole cargos en octubre de ese año, pero obteniendo respuesta de la Corte Suprema hasta agosto de 2020. Desde entonces, la audiencia de imputación ha sido aplazada ya dos veces.

Si bien iba a ser el 7 de diciembre de 2020, el exgobernador le quitó el poder a su defensor e informó a la Corte Suprema, a través de una carta, que en razón de su nuevo cargo, “entiendo que las diligencias deben ser enviadas a quien ahora es mi juez natural (Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes) y con el procedimiento aplicable en atención al fuero constitucional”.

Por esos motivos, y mientras el tribunal pedía el certificado de su elección como magistrado al Congreso de la República y a Presidencia, agrega el diario colombiano, la cita se movió para el 3 de febrero de este año. Sin embargo, Granados esperó hasta el 1 de febrero para nombrar un nuevo abogado, Fernando Mesa Cuadros quien, sin tiempo suficiente para prepara el caso pidió otra prórroga, solo para encontrarse con que, al día siguiente, el presidente de la Comisión de Acusación, Carlos Alberto Cuenca Chauz, pidió a la Corte que le remitiera “de manera expedita” el proceso.

Ahora, solo resta esperar a si dicho organismo acusará o no a Granados.

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