En 2020 avanzó desminado humanitario en el suroriente de Colombia

Según reporte del Ejército de Colombia, desde 2017 son 20 los municipios libres de minas antipersona en Huila y Putumayo.

Foto de archivo. Un miembro del Batallón de Desminado Humanitario del Ejército de Colombia busca minas terrestres en Cocorná, en el departamento de Antioquia, Colombia, 3 de marzo, 2015. REUTERS/Fredy Builes
Foto de archivo. Un miembro del Batallón de Desminado Humanitario del Ejército de Colombia busca minas terrestres en Cocorná, en el departamento de Antioquia, Colombia, 3 de marzo, 2015. REUTERS/Fredy Builes

Más de 600 hombres y mujeres pertenecientes al Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario No.5 del Ejército Nacional han despejado 260 mil metros cuadrados en los departamentos de Huila y Putumayo en 2020.

El balance entregado por el Ejército Nacional resalta que la labor de los desminadores, luego de desactivar 22 artefactos explosivos en la última semana, es fundamental para proteger la vida y la integridad de los habitantes de las comunidades que sufren por la presencia de este tipo de artefactos.

Las labores se realizaron en el suroeste del país, especialmente en municipios como Baraya, Tello, Santa María y Colombia, pertenecientes al departamento del Huila; Villagarzón, Orito y Valle del Guamuez, del Putumayo.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 2017, que coincide con la fecha de creación del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario No.5 y con técnicas de desminado manual, el Ejército afirma haber despejado 820 mil metros cuadrados, con la destrucción de 133 artefactos explosivos.

En este balance, son 14 municipios del departamento del Huila que han sido despejados. Estos son: Garzón, Gigante, Suaza, La Plata, La Argentina, Isnos, San Agustín, Rivera, Acevedo, Aipe, Iquira, Pitalito, Neiva y Palermo; la acción también impactó al Putumayo en los municipios de Santiago y Mocoa.

También subraya la institución militar que dicho Batallón de Desminado Humanitario ha reforestado más de 8.000 plantas de diferentes especies originarias y nativas de estas regiones; junto a esta labor ambiental se ha removido residuos sólidos además de limpieza de humedales y adecuación de las vías terciarias de las veredas que comunican con las cabeceras municipales de los departamentos.

Este tipo de intervención cuenta con una estrategia orientada al acompañamiento de la población civil durante las labores de desminado humanitario.

Esto consiste en campañas pedagógicas y educativas, además de reconocimiento del peligro de las minas en la vida de los ciudadanos, todo con el fin de que la población reconozca, denuncie y evite este tipo de artefactos, sembrados en los campos del país como resultado del conflicto armado en el país.

Foto de archivo. Un soldado de la infantería de marina colombiana explica cómo desactivar una mina terrestre durante un ejercicio del programa de desminado cerca del municipio de Carmen de Bolívar, Colombia, 10 de abril, 2015. REUTERS/José Miguel Gómez
Foto de archivo. Un soldado de la infantería de marina colombiana explica cómo desactivar una mina terrestre durante un ejercicio del programa de desminado cerca del municipio de Carmen de Bolívar, Colombia, 10 de abril, 2015. REUTERS/José Miguel Gómez

La realidad del desminado en Colombia

El desminado en Colombia cuenta con dos factores, el de tipo humanitario y el militar.

El desminado humanitario, es aquel que es llevado a cabo por organizaciones civiles o por la Fuerza Pública. Su labor es el despeje de zonas enteras de la geografía nacional. Al concluir, reportan éstas como libres de sospecha de minas.

La diferencia con el desminado militar es el acento que tienen en la preservación de la vida de civiles, habitantes de regiones del país que sufrieron el flagelo de los campos minados durante el conflicto colombiano.

Desde 2017 hasta 2020, el desminado en Colombia tiene prioridad dado que tanto las Fuerzas Militares como las organizaciones civiles aspiran a cumplir la la meta de limpiar el territorio nacional de minas para 2021.

Sin embargo, pese a que las cifras, como las presentadas en este informe, son importantes, el Gobierno admitió en 2019 que solicitará una prórroga ante la Organización de las Naciones Unidad porque no cumplirá su palabra, refrendada en los Acuerdos de Paz con la extinta guerrilla de las Farc.

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