Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Antes de los comicios presidenciales del 21 de junio, en el que los colombianos elegirán entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda al próximo presidente de Colombia, uno de los temas de discusión ha sido el impacto que pueden tener los grupos armados en la jornada electoral.

Esto se debe a que han sido denunciados presuntos hostigamientos contra poblaciones civiles por parte de estructuras criminales que estarían pidiendo que civiles apoyen a un candidato.

Para profundizar sobre el tema, el experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque habló con Infobae Colombia sobre lo que está pasando en la región de las Sabanas del Yarí, que abarca zonas de Meta, Guaviare y Caquetá, en donde hay una presión directa del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, la principal facción de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

Esta misma situación ha sido denunciada en corredores estratégicos que conectan el centro del país con el suroriente y el Pacífico, interviniendo en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá, Guaviare y el sur de Meta.

“La organización dirigida por alias Calarcá no persigue actualmente la confrontación militar abierta con la fuerza pública, sino el dominio total sobre el comportamiento político en los territorios bajo su influencia”, indicó Juan Camilo Ubaque, que sostiene que la facción ha utilizado su capacidad de intimidación para condicionar el sufragio, lo que representa el principal factor de inestabilidad en el proceso electoral en varias regiones apartadas del país.

Según registros oficiales, se han implementado censos y carnetizaciones forzosas con el objetivo de coaccionar el voto, una práctica denunciada en su momento por el responsable operacional del Plan Democracia, el entonces general Erick Rodríguez.

La presión ejercida sobre las comunidades incluye la convocatoria obligatoria de presidentes de Juntas de Acción Comunal, líderes comunitarios y pastores religiosos, que reciben instrucciones precisas respecto al sentido del voto. Bajo amenaza de represalias armadas, se prohíbe cualquier manifestación o apoyo hacia candidaturas de oposición o sectores de derecha, dinámica que se extiende a otras regiones más allá de las Sabanas del Yarí, como el norte de Antioquia, demostrando el alcance coordinado de la estrategia de control.

Para el experto, la vigencia de la política de Paz Total ha sido aprovechada por los grupos armados, que han aumentado su capacidad logística y su pie de fuerza criminal, lo que se demuestra al recordar los constantes enfrentamientos entre facciones armadas ilegales.

Para Ubaque, el control del voto no se limita a la jornada electoral del 21 de junio. Ha conocido denuncias por situaciones en las que los integrantes de grupos armados han impuesto la presentación obligatoria del certificado de votación como requisito para circular o permanecer en las zonas rurales. Quienes no presenten este documento se exponen a sanciones económicas y expulsiones.

Además, los mandos locales realizan verificaciones cruzadas entre los censos comunitarios y los resultados oficiales de las mesas de votación, con el fin de detectar y sancionar a los caseríos o sectores en los que el conteo de votos no corresponda a las directrices políticas impuestas desde la estructura armada.

“El trasfondo de la ofensiva electoral lanzada por la facción de alias Calarcá se vincula con la defensa de la continuidad de la política de Paz Total y la garantía de espacios de negociación con el Estado”, valoró el experto, que afirmó que los ceses al fuego funcionan como herramientas que les permiten a las disidencias frenar las operaciones militares, obtener legitimidad institucional ante el Gobierno y consolidar su dominio territorial.

“Los espacios de diálogo no representan una voluntad de transición a la legalidad, sino una táctica de protección política y militar frente a otras facciones rivales, mientras se fortalece la economía derivada de la extorsión”.

En este contexto, el tejido social de las regiones bajo influencia de las disidencias de las Farc experimenta un deterioro marcado por la coacción y la sustitución de los mecanismos legítimos de participación comunitaria. Los transportadores locales reciben órdenes de movilizar votantes a las urnas con sus propios recursos y la población se ve forzada a inscribir sus cédulas en puestos de votación controlados por la organización armada.

“El uso de la intimidación y la apropiación de recursos logísticos por parte de estos actores ilegales afecta la organización y el respaldo genuino de los programas sociales impulsados en los territorios rurales”.