
El macrocaso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz, que investiga casos de asesinatos y desapariciones forzadas durante el conflicto interno, es uno de los que más se habla en Colombia por las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”.
Durante varios años, se habló de 6.402 casos; sin embargo, la JEP anunció el 28 de abril de 2026 que se han comprobado al menos 7.837 y que el número podría aumentar.
“El informe destacó las estadísticas de homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la fuerza pública, entre los años 1990 a 2016, a nivel nacional, clasificados como muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate, que corresponden a 7.837 víctimas. Cifra que es dinámica, conforme avanzan los casos que se abordaron en el macrocaso 03”, declaró en ese momento el magistrado Pedro Elías Díaz.
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Desde ese momento, la JEP anunció que incorporó más datos a la investigación y por ese motivo amplió el periodo investigado, puesto que se podía confirmar que el método empleado en los “falsos positivos” no comenzó en 2002.

Cifra podría superar los 21.000 casos
Debido a que la JEP sigue llevando a cabo audiencias en las que exmilitares reconocen haber participado de manera directa e indirecta en ejecuciones extrajudiciales, Cambio reveló un informe en el que afirmó que el ente transicional ya confirmó 1.435 “falsos positivos” más, registrados entre 1990 y 2016.
De la misma forma, mientras avanzan las investigaciones, en la JEP se cree que los casos confirmados podrían llegar a ser más de 21.000, puesto que ese es el número de registros de víctimas que están siendo analizados.
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Para hablar sobre el tema, el medio citado entrevistó a Juan Felipe García, líder del grupo de Análisis de la Información de la JEP, que mencionó que se siguen conociendo más casos de víctimas que siguen sin ser identificadas.
“Es muy importante para la ciudadanía que se haga explícito que en estas cifras que nosotros hemos determinado y que se han documentado, allí está excluido un universo que es muy relevante y es el de aquellas personas que no han sido identificadas, es decir, que no se puede identificar el nombre propio de esa víctima, pero aparece registrada con otros elementos como una víctima”.
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Para entender la importancia de la investigación, García mencionó que el registro total no sería el punto final para el macrocaso, puesto que, en su concepto, no es posible definir la totalidad de ejecuciones extrajudiciales que se registraron en Colombia.
“Esos elementos de personas no identificadas, el número de registros, porque nosotros no podemos decir precisamente que son personas únicas, asciende a 21.000 registros. Y eso es muy importante para el país, porque lo que eso nos indica a nosotros es que estamos haciendo un trabajo de cálculo de un subregistro, porque no podemos saber cuál es, en total, de manera definitiva, las personas identificadas que fueron víctimas de este delito”.
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Mientras sigue la polémica entre familias de víctimas de los “falsos positivos” y la JEP, que radica en que las víctimas afirman que en las audiencias se han priorizado los testimonios de exmilitares sin contrastar la información que entregan, el tribunal ha aclarado varios factores sobre las cifras de casos que se han mencionado en las diligencias.
Uno de los más importantes es que la JEP ha explicado que se investigan hasta 21.000 registros, que no representan la misma cifra de casos individuales, puesto que en un registro se pueden encontrar hechos confirmados en los que la cifra de víctimas fue superior a lo que se afirmó inicialmente. “Es posible que en esos 21.000 haya duplicados”.
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