Roberto Prieto, gerente de la campaña de Juan Manuel Santos, a juicio disciplinario por Odebrecht

Prieto, quien se encuentra condenado a cinco años de cárcel, debe responder ante la Procuraduría por omitir donaciones de Odebrecht en la campaña del expresidente Santos.

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Roberto Prieto, exgerente de campaña
Roberto Prieto, exgerente de campaña de Juan Manuel Santos. Foto: Cortesía CM&

Roberto Prieto, exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos en 2014, se encuentra privado de su libertad desde junio de 2018 por intentar mover influencias en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para la realización de obras a beneficio de terceros. Ahora, la Procuraduría lo llama a juicio disciplinario por no reportar ingresos provenientes de Odebrecht hacia la campaña del ahora expresidente.

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Prieto, quien debe cumplir una condena de cinco años pactada con la Fiscalía General de la Nación, no incluyó ingresos en especie recibidos para la campaña de primera vuelta presidencial.

Según el ente disciplinario, los ingresos de Odebrecht se habrían destinado a encuestas de opinión y estudios electorales contratados con la empresa Paddington Ventures Limited. Dichos estudios costaron un millón de dólares y fueron realizados por Sancho BBDO, firma encargada de la actividad publicitaria de ‘Santos Presidente 2014′.

De acuerdo con la Procuraduría, con el fin de distraer la atención de la multimillonaria donación de la Sociedad Extranjera Constructora Norberto Odebrecht S.A., se decidió destinar directamente el dinero a la firma encargada de realizar las labores de sondeo.

La institución también argumenta que los estudios, evidentemente, portaban material que apelaba a la reelección presidencial y los productos tienen “recomendaciones directas para mejorar estrategias de comunicación y publicidad de la campaña”.

La entidad afirma que la razón por la cual esta investigación recae en Prieto es porque en su condición de representante legal de la campaña de Juan Manuel Santos y gerente de la misma para la vigencia 2014-2018, “ostentó la calidad de particular administrador de recursos públicos”.

“Con la financiación estatal previa que para la primera vuelta recibió la campaña de reelección presidencial del doctor Juan Manuel Santos Calderón, materializada en el pago de un anticipo que tuvo lugar el 16 de abril de 2014 a través de la consignación de $6.884′900.471,00 en cuenta del Banco Bancolombia a nombre de la Asociación Juan Manuel Santos Presidente 2014-2018”, aseveró el Ministerio Público en el pliego de cargos en contra del empresario.

Prieto aceptó cargos imputados por la Fiscalía en mayo de 2019, institución con la cual realizó un acuerdo que lo condenaría a cinco años de cárcel y le permitiría pasar su pena en una guarnición militar, en vez de la cárcel La Modelo.

Los cargos que aceptó el empresario, en ese entonces, fueron falsedad en documento privado en dos oportunidades, tráfico de influencias e interés indebido. Para ser llevado al Cantón Norte, el abogado de Prieto argumentó que su salud se había deteriorado en el centro penitenciario convenicional.

Gabriel Dumar, en libertad condicional

El pasado viernes, el juzgado Séptimo especializado le concedió libertad condicional a Gabriel Dumar Lora, representante legal del consorcio Sion. El empresario se encargó de suscribir “contratos fachada” para la ejecución de la obra constituida entre el tramo Ocaña-Gamarra con el Consorcio Constructor Ruta del Sol.

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El empresario fue arrestado en el 2017, pero hasta junio del presente año se le condenó a pagar 54 meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito.

Según información de Blu Radio, Dumar solicitó libertad condicional con el argumento de haber cumplido tres quintas partes de su pena. La emisora también dio a conocer que el condenado además objetó “que ha hecho un proceso importante de resocialización y que su conducta ha sido ejemplar”.

Dumar accedió previamente a un principio de oportunidad por el delito de lavado de activos, que le fue otorgado por colaborar con la justicia al destapar la participación de senadores en el caso de corrupción.

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