Empresarios de una multinacional son acusados de financiar el paramilitarismo en Colombia

Con varias pruebas, la Fiscalía llamó a juicio a 13 directivos y empleados de la multinacional bananera Chiquita Brands para rendir declaración sobre entregas de dinero en efectivo y consignaciones bancarias a una organización que habría sido el brazo financiero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En 2007, la empresa ya había admitido que "bajo presión" había financiado a grupos paramilitares entre 1997 y 2002, y realizado otros pagos "bajo coacción" a la extinta guerrilla de las FARC para "proteger" a sus empleados en Urabá, departamento de Antioquia, donde tienen su sede; reseña El Tiempo.

Pero en 2012 el entonces fiscal Jorge Perdomo reabrió el caso, y hoy el ente acusador dice tener suficiente material probatorio sobre los dineros que Chiquita Brands hizo a Banadex y Banacol con el fin de financiar un frente de las AUC que operaba en la región.

En 2017, la Fiscalía declaró la financiación de grupos paramilitares como un delito de lesa humanidad, por lo que es imprescriptible, explica el medio nacional. Los acusados, entre extranjeros y nacionales, deberán enfrentar cargos de concierto para delinquir.

La investigación también incluye a alcaldes, gobernadores y otros funcionarios de la rama ejecutiva que entre 1997 y 2004 apoyaron, bien sea por acción u omisión, la conformación de las Convivir (un servicio de vigilancia y seguridad privada que ofrecían las autodefensas a hacendados del Urabá, ante la amenaza guerrillera).

En este caso vincularon al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, entonces gobernador de Antioquia (1995-1997). El ahora senador reconoció a través de un comunicado que apoyó y promovió las Convivir por su convicción de generar una red de colaboración entre la ciudadanía, la Fuerza Pública y la Justicia.

"Colombia tuvo alrededor de 700 organizaciones Convivir, a partir de 1994, mucho después del nacimiento del paramilitarismo. En Antioquia se aprobaron alrededor de 67. El Gobierno Departamental reconocía la personería jurídica, pero la licencia operativa y la supervisión correspondían a la Superintendencia de Vigilancia del Gobierno Nacional. No obstante, que como Gobernador no tenía la competencia para vigilarlas, se procedió, en tres casos, a cancelar la personería jurídica y, en un caso, a suspenderla, por comprobadas irregularidades", describe el comunicado.

Y agrega: "El principio constitucional de solidaridad lo ha entendido y defendido siempre. Cuando la Corte Constitucional declaró exequible la norma de las Convivir, el expresidente Uribe acudió a la audiencia y defendió la validez de la norma. No estuvo de acuerdo con la tesis del fallo que se basaba en el derecho a la defensa y no en el principio de solidaridad. El desacertado salvamento de voto simplemente las asociaba con criminales".

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