Con varias pruebas, la Fiscalía llamó a juicio a 13 directivos y empleados de la multinacional bananera Chiquita Brands para rendir declaración sobre entregas de dinero en efectivo y consignaciones bancarias a una organización que habría sido el brazo financiero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En 2007, la empresa ya había admitido que "bajo presión" había financiado a grupos paramilitares entre 1997 y 2002, y realizado otros pagos "bajo coacción" a la extinta guerrilla de las FARC para "proteger" a sus empleados en Urabá, departamento de Antioquia, donde tienen su sede; reseña El Tiempo.
Pero en 2012 el entonces fiscal Jorge Perdomo reabrió el caso, y hoy el ente acusador dice tener suficiente material probatorio sobre los dineros que Chiquita Brands hizo a Banadex y Banacol con el fin de financiar un frente de las AUC que operaba en la región.
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En 2017, la Fiscalía declaró la financiación de grupos paramilitares como un delito de lesa humanidad, por lo que es imprescriptible, explica el medio nacional. Los acusados, entre extranjeros y nacionales, deberán enfrentar cargos de concierto para delinquir.
La investigación también incluye a alcaldes, gobernadores y otros funcionarios de la rama ejecutiva que entre 1997 y 2004 apoyaron, bien sea por acción u omisión, la conformación de las Convivir (un servicio de vigilancia y seguridad privada que ofrecían las autodefensas a hacendados del Urabá, ante la amenaza guerrillera).
En este caso vincularon al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, entonces gobernador de Antioquia (1995-1997). El ahora senador reconoció a través de un comunicado que apoyó y promovió las Convivir por su convicción de generar una red de colaboración entre la ciudadanía, la Fuerza Pública y la Justicia.
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"Colombia tuvo alrededor de 700 organizaciones Convivir, a partir de 1994, mucho después del nacimiento del paramilitarismo. En Antioquia se aprobaron alrededor de 67. El Gobierno Departamental reconocía la personería jurídica, pero la licencia operativa y la supervisión correspondían a la Superintendencia de Vigilancia del Gobierno Nacional. No obstante, que como Gobernador no tenía la competencia para vigilarlas, se procedió, en tres casos, a cancelar la personería jurídica y, en un caso, a suspenderla, por comprobadas irregularidades", describe el comunicado.
Y agrega: "El principio constitucional de solidaridad lo ha entendido y defendido siempre. Cuando la Corte Constitucional declaró exequible la norma de las Convivir, el expresidente Uribe acudió a la audiencia y defendió la validez de la norma. No estuvo de acuerdo con la tesis del fallo que se basaba en el derecho a la defensa y no en el principio de solidaridad. El desacertado salvamento de voto simplemente las asociaba con criminales".
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