Colombia: entre el crecimiento económico y los derechos ambientales

Esto se debe en gran medida a la SENTENCIA T-445/16 de la Corte Constitucional, que resolvió "que los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera". Dicha sentencia tuvo como resultado una estampida de procesos de consulta popular en diversos municipios del país.

Esto pasaría inadvertido si Colombia fuese una nación industrializada, dedicada a la producción de alta tecnología o a la prestación de servicios como lo es Singapur, Corea del Sur o Japón. A todas luces no es así, la economía colombiana se ubica en el primer sector, básicamente producimos materias primas, con poco o ningún valor agregado.

Conforme a información del Observatorio de Complejidad Económica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo que más exportamos es petróleo crudo 34%, briquetas de carbón 14%, oro 3,5% y refinado de petróleo 3,3%. Lo cual representó USD 20,6 billones para 2015 (valor de las exportaciones). Aunado a esto, según un informe de la Misión Crecimiento Verde del DNP y cifras del DANE, la proporción del sector minero energético en el PIB es de 7,07%. En pocas palabras, el renglón más importante de la economía colombiana es la minería.

Es una situación delicada. En efecto, las consecuencias de la minería irresponsable pasan por la desforestación, la contaminación de los ríos, pérdida de ganado, afecciones en la salud de las personas que habitan en inmediaciones de las minas, entre otras. No obstante, la solución no es la prohibición de la minería, sino, la estricta observancia de los entes de control y la aplicación efectiva de las normas ambientales.

Si bien es cierto que Colombia es un Estado Social de Derecho, donde el pueblo es el constituyente primario, y que la democracia debe favorecer la participación real de los ciudadanos, este tipo de consultas son contraproducentes pues se ha demostrado hasta la saciedad que han sido viciadas por la demagogia de populistas y oportunistas. Ya lo hemos visto en Cajamarca (Tolima), Cabrera (Cundinamarca) y Pijao (Quindío), el populismo hizo de las suyas, con total descaro, los opositores a la extracción, le decían a la gente, "¿usted prefiere tomar agua o tomar petróleo?", "¿usted prefiere comerse un mango o un lingote de oro?", como si se tratase de la aniquilación de su existencia y no de la posibilidad de mejorar su calidad de vida.

Este mal entendimiento del régimen democrático al que la Corte Constitucional le hace juego, es el mismo de las dictaduras y 'dictablandas' de Latinoamérica. Según los dictadores Raúl Castro, Nicolás Maduro o Daniel Ortega, sus países son los más democráticos del mundo porque existen elecciones hasta tres veces al año. Es más, se definen a ellos mismos como el pueblo y en tanto pueblo, representan los intereses de todos los ciudadanos. A pesar de esto, la democracia no se limita a la existencia de elecciones, también consiste en la división de poderes, la fortaleza institucional y unas reglas de juego claras para todos. En este sentido, las consultas populares resultan innecesarias puesto que en Colombia existen unas normas definidas para la explotación minera y una legislación ambiental sólida. Por supuesto, susceptible a una permanente mejora y actualización.

Otro de los resultados adversos de la prohibición de la exploración y explotación minera legal, es que le abre paso a la ilegal. Las empresas nacionales e internacionales se acogen a la legislación del país y a los condicionamientos para la extracción de recursos, que no los grupos armados al margen de la ley como el ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo y BACRIM, que se lucran de este negocio al ser más rentable que el mismo narcotráfico.

Acorde a cifras proporcionadas por el Sistema de Monitoreo de Antinarcóticos de la Policía (SIMA), hay más de 90.000 hectáreas con afectación total por la minería ilegal, número que podría multiplicarse con las reiteradas negativas de la población a la minería legal. Es una bola de nieve que crece de forma exponencial, hasta el momento la mayoría de los municipios han dicho no y es una tendencia que no parece revertirse.

Según Jaime Concha, vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la ANDI más de 100 municipios están en consultas populares o proyectos de concejos, situación preocupante pues demuestra la generalización de dicho tipo de consultas. Siendo estrictos, no tendrían porque existir, ya que la Constitución colombiana afirma en el ART. 332 que, "El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables". Por tanto, "es la Nación y no las regiones el responsable del manejo de los recursos naturales del subsuelo", como lo dijera Germán Arce, ministro de Minas y Energía en reiteradas ocasiones.

LEA MÁS: